La adicionalidad es el principio que determina si un proyecto que genera créditos de carbono produce reducciones o remociones de emisiones que no se habrían dado en un escenario sin ese proyecto. Un proyecto es adicional cuando la financiación obtenida por la venta de créditos es la razón, o una razón determinante, de que la reducción de emisiones ocurra.
La adicionalidad es difícil de demostrar porque exige comparar la realidad con un escenario hipotético que nunca ocurrió, el llamado escenario de referencia o "business as usual". Si un proyecto habría salido adelante igualmente por rentabilidad propia o por obligación normativa, sus reducciones no son adicionales y los créditos que genera no representan una reducción real de emisiones a nivel global.
Estándares de certificación como el Verified Carbon Standard (VCS) o Gold Standard exigen metodologías específicas para demostrar la adicionalidad antes de emitir créditos en el mercado voluntario de carbono. La falta de rigor en la evaluación de la adicionalidad ha sido, junto con la sobreestimación de reducciones, una de las principales críticas al mercado voluntario en los últimos años.
Si tu empresa utiliza créditos de carbono para compensar emisiones, la adicionalidad del proyecto es uno de los factores que más influye en la credibilidad de esa compensación ante inversores, clientes y reguladores. Comprarlos de proyectos con adicionalidad débil o no demostrada expone a la empresa a riesgo reputacional y a acusaciones de greenwashing.
En Manglai te ayudamos a entender la calidad de los créditos de carbono que consideras utilizar como parte de tu estrategia de reducción. Descubre cómo Manglai puede ayudarte.
Empresas que confían en nosotros
El impuesto verde a fuentes fijas de Chile grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono de los establecimientos cuyas fuentes emisoras emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de CO2.
El impuesto nacional al carbono grava el contenido de carbono equivalente de los combustibles fósiles usados para combustión. Lo crearon los artículos 221 a 223 de la Ley 1819 de 2016 y lo reformó la Ley 2277 de 2022. Para 2026 la tarifa es de 29.070,49 pesos por tonelada de CO2 equivalente y existe un mecanismo de no causación por carbono neutralidad limitado al 50%.
La Taxonomía Verde de Colombia es el sistema oficial de clasificación de actividades económicas y activos que contribuyen a objetivos ambientales. La publicaron en abril de 2022 el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, y cubre siete sectores de mitigación más ganadería, agricultura y silvicultura.
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