Los créditos de carbono son una herramienta para la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Cada crédito representa la reducción o eliminación de una tonelada métrica de CO2 equivalente de la atmósfera, lograda mediante proyectos como la reforestación, las energías renovables o la mejora de la eficiencia energética.
El mecanismo funciona como una compensación: si una organización emite GEI que no puede reducir directamente, puede comprar créditos para equilibrar parte de su impacto. No debe confundirse un crédito de carbono (asociado a un proyecto de reducción o absorción) con un derecho de emisión de un mercado de comercio de emisiones, que es una autorización a emitir.
El concepto nació con el Protocolo de Kioto (adoptado en 1997, en vigor desde 2005), que introdujo mecanismos de flexibilización como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Estos permitían financiar proyectos de reducción en otros países y recibir créditos a cambio.
Hoy ese marco ha evolucionado hacia el artículo 6 del Acuerdo de París. En la COP29 de Bakú (2024) se operativizó el mecanismo de acreditación del artículo 6.4 (PACM), bajo supervisión de la ONU, que sustituye progresivamente al antiguo MDL y aspira a aportar reglas comunes y mayor integridad a los créditos internacionales.
La credibilidad de los créditos voluntarios ha sido cuestionada por problemas de adicionalidad y permanencia. Para elevar el listón, la Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) ha definido los Core Carbon Principles (CCP), un conjunto de principios que sirven de referencia para identificar créditos de alta integridad. Los criterios clave de un buen crédito son:
La compensación nunca debe sustituir la reducción de emisiones propias: la jerarquía correcta es medir, reducir y, solo para las emisiones residuales, compensar. Así lo recogen los estándares de emisiones netas cero y las normas de neutralidad de carbono como la ISO 14068.
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