El greenwashing, o lavado verde, es la práctica mediante la cual una empresa proyecta una imagen ambientalmente responsable que no se corresponde con sus acciones reales. Ocurre cuando una organización invierte más en parecer sostenible (publicidad, sellos, mensajes) que en serlo, mediante declaraciones engañosas, vagas o sin pruebas.
El término fue popularizado a mediados de los años 80 por el ambientalista Jay Westerveld, que criticó a hoteles que pedían reutilizar las toallas "por el planeta" mientras carecían de políticas ambientales reales. Hoy el greenwashing es un riesgo legal y reputacional creciente, sobre todo en la Unión Europea, donde la normativa contra las declaraciones ambientales engañosas se ha endurecido.
El greenwashing no solo engaña al consumidor: distorsiona el mercado y frena la transición ecológica. Sus principales efectos son:
La literatura académica sobre el tema, como el conocido artículo de Delmas y Burbano "The Drivers of Greenwashing" (California Management Review, 2011), describe cómo factores de mercado, regulatorios y organizativos incentivan estas prácticas.
El marco europeo ha cambiado de forma significativa y conviene conocerlo:
Conocida como directiva ECGT o EmpCo, modifica la Directiva de prácticas comerciales desleales y la de derechos de los consumidores. Sus reglas se aplican en toda la UE a partir del 27 de septiembre de 2026. Entre otras cosas, prohíbe las afirmaciones ambientales genéricas sin pruebas (como "respetuoso con el medio ambiente") y las declaraciones de neutralidad climática a nivel de producto basadas en compensación de emisiones.
Es una propuesta complementaria que buscaba obligar a verificar y justificar científicamente las alegaciones ambientales explícitas. Su tramitación quedó bloqueada en 2025 y la Comisión llegó a anunciar su intención de retirarla, por lo que en junio de 2026 no está en vigor y su futuro es incierto. No debe presentarse como norma aplicable.
El Pacto Verde Europeo y la normativa de información de sostenibilidad empujan hacia una comunicación más transparente. En España, las declaraciones ambientales engañosas pueden perseguirse a través de la normativa de competencia desleal y de consumo.
La mejor defensa frente al greenwashing es comunicar solo lo que se puede demostrar:
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