La contratación pública ecológica (también llamada compra pública verde) es el proceso por el que las administraciones públicas integran criterios ambientales en la adquisición de bienes, servicios y obras, junto a factores como el precio o la calidad. Su objetivo es minimizar el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de lo contratado y usar el enorme poder de compra del sector público para impulsar la sostenibilidad.
Consiste en incorporar requisitos ambientales en los pliegos: eficiencia energética, emisiones, materiales reciclados, durabilidad o gestión de residuos. Por ejemplo, en la compra de vehículos puede priorizarse la adquisición de modelos eléctricos o híbridos frente a los de combustión, fomentando la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y el uso de tecnologías más limpias.
En España, la contratación pública ecológica se sustenta en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que traspone las directivas europeas de contratación (2014/23/UE y 2014/24/UE) y obliga a los órganos de contratación a incorporar criterios ambientales, sociales y de innovación vinculados al objeto del contrato.
Además, el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado (cuyo periodo 2018-2025 ha guiado la incorporación de criterios verdes en grupos prioritarios de bienes, obras y servicios) y la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética refuerzan la integración de la sostenibilidad en las compras públicas. A escala europea, esta política se enmarca en el Pacto Verde Europeo y en los criterios de Green Public Procurement (GPP) de la Comisión Europea.
El gasto público representa una parte muy relevante del PIB, por lo que orientar las compras hacia criterios sostenibles tiene un gran efecto tractor:
Para aplicar la contratación pública ecológica de forma efectiva se suelen seguir estos pasos:
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La Ley 7/2021 es el marco legal español de cambio climático: fija la neutralidad climática en 2050 y objetivos intermedios a 2030 para emisiones, renovables y eficiencia energética.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el procedimiento que identifica, previene y mitiga los efectos de un proyecto sobre el medio ambiente, regulado en España por la Ley 21/2013.
La UNFCCC (CMNUCC) es el tratado internacional de la ONU, adoptado en 1992, que sienta las bases de la acción climática global y del que derivan el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.
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