La contratación pública ecológica es un concepto clave en el ámbito de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Este término hace referencia a los procesos de contratación pública o privada que priorizan criterios medioambientales en la adquisición de bienes, servicios o proyectos. En un mundo donde las emisiones de carbono y el impacto ambiental son temas prioritarios, se ha convertido en una herramienta esencial para fomentar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono.
La contratación pública ecológica, también conocida como contratación pública verde, es un proceso de adquisición en el que los criterios medioambientales desempeñan un papel central. Además de factores como el precio o la calidad, se evalúa el impacto ambiental de los productos o servicios adquiridos. El objetivo es minimizar el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del producto o servicio, desde su producción hasta su eliminación.
Por ejemplo, en la contratación pública ecológica para la compra de vehículos, se podría priorizar la adquisición de automóviles eléctricos o híbridos en lugar de vehículos con motores de combustión interna. De este modo, se fomenta la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el uso de tecnologías más limpias.
El impacto de la contratación pública ecológica va más allá de la mera adquisición de bienes o servicios. Esta iniciativa tiene un papel crucial en la transición hacia una economía más sostenible y baja en carbono. A continuación, destacamos algunas de sus principales ventajas:
Uno de los objetivos principales es reducir las emisiones de carbono asociadas a los productos o servicios adquiridos, especialmente relevante en sectores como el transporte, la construcción y la energía, que son responsables de una gran parte de las emisiones globales de GEI.
Al priorizar criterios medioambientales, incentivan a las empresas a desarrollar productos y servicios más sostenibles. Esto no solo beneficia al medio ambiente, sino que también impulsa la competitividad y la innovación en el mercado.
En muchos países, la contratación pública verde está respaldada por normativas específicas que buscan promover la sostenibilidad. Por ejemplo, en España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece objetivos claros para la reducción de emisiones y el uso de energías renovables.
Para implementar la contratación pública ecológica de manera efectiva, es necesario seguir una serie de pasos que aseguren que los criterios medioambientales se integren en el proceso de contratación:
El primer paso es identificar los aspectos medioambientales que se quieren priorizar. Esto puede incluir la eficiencia energética, el uso de materiales reciclados, la reducción de emisiones, entre otros.
Es fundamental analizar el impacto ambiental total de los productos o servicios a lo largo de su ciclo de vida para tomar decisiones informadas y seleccionar opciones más sostenibles.
Los criterios medioambientales deben incluirse en los pliegos de condiciones de la contratación para asegurar que todos los proveedores interesados conozcan los requisitos y puedan adaptarse a ellos.
Durante la fase de evaluación, se analizan las propuestas recibidas para determinar cuál cumple mejor con los criterios establecidos. La adjudicación se realiza en función de estos resultados.
Para las empresas que desean participar en la contratación pública ecológica, contar con herramientas tecnológicas avanzadas puede marcar la diferencia. Manglai ofrece soluciones que facilitan la medición, gestión y reducción de la huella de carbono, lo que puede ser un factor decisivo en estos procesos.
Por ejemplo, su funcionalidad de análisis de impacto y tableros interactivos permite a las empresas visualizar sus emisiones en tiempo real y tomar decisiones informadas para cumplir con los criterios medioambientales exigidos en la contratación pública ecológica.
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