El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, en inglés Clean Development Mechanism o CDM) es uno de los tres mecanismos de flexibilidad creados por el Protocolo de Kioto en 1997. Permitía a los países con objetivos de reducción de emisiones financiar proyectos de mitigación en países en desarrollo y recibir a cambio Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE o CER), un tipo de crédito de carbono, para contribuir a sus propios objetivos.
Un proyecto MDL, por ejemplo una planta de energía renovable, un proyecto de captura de metano en un vertedero o de eficiencia energética industrial, debía demostrar que reducía emisiones frente a lo que habría ocurrido sin el proyecto, el mismo principio de adicionalidad que sigue exigiendo hoy el mercado de carbono. Una vez validado y verificado por auditores independientes y aprobado por la Junta Ejecutiva del MDL de Naciones Unidas, el proyecto emitía CER que podían venderse a gobiernos o empresas con obligaciones de reducción bajo Kioto, como las del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE en sus primeras fases.
El MDL dejó de emitir nuevos créditos tras la finalización del segundo periodo del Protocolo de Kioto, y su papel ha sido sustituido en gran parte por el Acuerdo de París, en concreto por los mecanismos del Artículo 6, y por estándares del mercado voluntario de carbono como el Verified Carbon Standard. Su legado sigue presente: muchas metodologías actuales para calcular reducciones de emisiones en proyectos de energías renovables, gestión de residuos o eficiencia energética se basan en las metodologías originalmente desarrolladas para el MDL, y parte de los créditos históricos del MDL han podido hacer la transición al mercado bajo el Acuerdo de París.
El MDL sirvió como banco de pruebas a gran escala para el mercado de carbono: permitió desarrollar metodologías de cálculo de emisiones, sistemas de verificación por terceros y registros de créditos, pero también dejó en evidencia problemas de adicionalidad cuestionable y sobreestimación de reducciones en algunos proyectos, lecciones que hoy informan los criterios de integridad que exigen los estándares del mercado voluntario y el propio Artículo 6 del Acuerdo de París.
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La adicionalidad es el principio según el cual un proyecto de créditos de carbono solo es válido si sus reducciones de emisiones no habrían ocurrido sin la financiación del propio proyecto.
El impuesto verde a fuentes fijas de Chile grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono de los establecimientos cuyas fuentes emisoras emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de CO2.
El impuesto nacional al carbono grava el contenido de carbono equivalente de los combustibles fósiles usados para combustión. Lo crearon los artículos 221 a 223 de la Ley 1819 de 2016 y lo reformó la Ley 2277 de 2022. Para 2026 la tarifa es de 29.070,49 pesos por tonelada de CO2 equivalente y existe un mecanismo de no causación por carbono neutralidad limitado al 50%.
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