El financiamiento verde (o finanzas verdes) es el conjunto de inversiones y mecanismos financieros destinados a actividades que generan beneficios ambientales, como la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la transición hacia una economía baja en carbono. Incluye tanto fondos públicos como privados y se canaliza a través de instrumentos como los bonos verdes, los préstamos sostenibles y las subvenciones.
La mitigación del cambio climático requiere una inversión enorme en tecnologías, infraestructuras y proyectos sostenibles. El financiamiento verde canaliza recursos hacia iniciativas que reducen emisiones y aceleran la transición energética, como parques eólicos, edificios eficientes o movilidad eléctrica, generando además oportunidades económicas y empleo verde. Es una pieza clave para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
Los bonos verdes son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos, empresas o entidades financieras para financiar proyectos con beneficios ambientales. Su mercado ha crecido con fuerza en la última década y mueve cientos de miles de millones de euros al año. En la UE, el Estándar Europeo de Bonos Verdes (EU GBS, Reglamento (UE) 2023/2631), aplicable desde diciembre de 2024, crea una etiqueta voluntaria que exige destinar los fondos a actividades alineadas con la Taxonomía de la UE y someterse a revisión externa supervisada por ESMA.
En los préstamos vinculados a la sostenibilidad, las condiciones (por ejemplo, el tipo de interés) dependen del desempeño ambiental del prestatario, premiando el cumplimiento de objetivos como la reducción de emisiones.
Gobiernos y organismos internacionales ofrecen ayudas para proyectos sostenibles. En España, el MITECO gestiona diversas subvenciones para la descarbonización y el despliegue de energías renovables.
Determinar qué cuenta como "verde" ha sido tradicionalmente confuso. Marcos como la Taxonomía de la UE y el EU GBS buscan precisamente aportar criterios comunes y reducir esa ambigüedad.
El greenwashing erosiona la credibilidad del sector cuando se etiquetan como verdes proyectos que no cumplen criterios reales de sostenibilidad.
Las pequeñas y medianas empresas afrontan barreras de recursos y conocimiento técnico para acceder a estos instrumentos.
Acceder a financiación verde exige cada vez más medir y reportar el impacto ambiental con rigor. Disponer de una huella de carbono bien calculada y de información de sostenibilidad fiable es la base para captar estos recursos y demostrar resultados.
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Certificado electrónico que acredita que una unidad de energía, normalmente 1 MWh, se ha producido a partir de fuentes renovables y que el consumidor puede reclamar como consumo renovable.
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El impuesto nacional al carbono grava el contenido de carbono equivalente de los combustibles fósiles usados para combustión. Lo crearon los artículos 221 a 223 de la Ley 1819 de 2016 y lo reformó la Ley 2277 de 2022. Para 2026 la tarifa es de 29.070,49 pesos por tonelada de CO2 equivalente y existe un mecanismo de no causación por carbono neutralidad limitado al 50%.