Green Deal o Pacto Verde Europeo

El Pacto Verde Europeo (Green Deal) es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea que agrupa un amplio conjunto de políticas y normas con un objetivo central: alcanzar la neutralidad climática en 2050. Presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, busca transformar la economía europea para hacerla más sostenible, eficiente en recursos y competitiva, sin dejar a nadie atrás.

Objetivos del Pacto Verde Europeo

El Green Deal se articula en torno a varios objetivos clave:

• Neutralidad climática para 2050: reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero, meta convertida en obligación legal por la Ley Europea del Clima.
• Objetivo intermedio para 2030: recortar al menos un 55% las emisiones netas respecto a 1990, dentro del paquete Fit for 55.
• Objetivo para 2040: reducir un 90% las emisiones netas respecto a 1990. El Consejo dio su visto bueno definitivo el 5 de marzo de 2026 a la modificación de la Ley Europea del Clima que incorpora esta meta.
• Descarbonización de la economía: transformar los sectores energético, industrial, del transporte y agrícola.
• Eficiencia energética y renovables: mejorar la eficiencia energética e impulsar las energías renovables.
• Economía circular: fomentar la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos.
• Biodiversidad y transición justa: proteger los ecosistemas y acompañar a las regiones y sectores más afectados mediante el Mecanismo de Transición Justa.

Principales políticas y normas

Para alcanzar estos objetivos, el Pacto Verde despliega un conjunto de instrumentos legislativos, entre los que destacan:

• El refuerzo del Sistema de Comercio de Emisiones (EU ETS) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), cuyo régimen definitivo está en marcha desde el 1 de enero de 2026 tras el fin del periodo transitorio.
• La Taxonomía de la UE para clasificar las actividades económicas sostenibles.
• La Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad (ESRS).
• La Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) en cadenas de valor.
• Estrategias sectoriales como "De la granja a la mesa", el Plan de Acción de Economía Circular y la estrategia de movilidad sostenible.

El paquete Omnibus: simplificación en 2025 y 2026

Desde 2025, la UE ha revisado la aplicación del Pacto Verde para reducir la carga administrativa de las empresas mediante el llamado paquete Omnibus, sin renunciar a los objetivos climáticos de fondo:

• La Directiva (UE) 2025/794 ("stop the clock", abril de 2025) aplazó dos años la entrada de las olas segunda y tercera de la CSRD.
• La Directiva (UE) 2026/470 (Omnibus I, publicada en el DOUE el 26 de febrero de 2026 y en vigor desde el 18 de marzo de 2026) elevó los umbrales de la CSRD: solo quedan obligadas las empresas que superan a la vez más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de cifra de negocio neta. El primer reporte con estas reglas corresponde a los ejercicios que empiezan a partir del 1 de enero de 2027.
• La misma directiva recortó el alcance y el calendario de la CSDDD: los umbrales suben a 1.500 millones de euros de cifra de negocio y 5.000 empleados, la aplicación uniforme se traslada al 26 de julio de 2029 y desaparece la obligación de adoptar e implementar un plan de transición climática.
• El 3 de julio de 2026 la Comisión adoptó el acto delegado con los ESRS revisados, que recortan más del 60 % de los datapoints obligatorios y se aplican a los ejercicios que empiezan a partir del 1 de enero de 2027.

En paralelo, la Comisión presentó en febrero de 2025 el Clean Industrial Deal, que enlaza la descarbonización con la competitividad industrial, la energía asequible y unas cadenas de suministro resilientes.

El resultado es que una parte importante de las empresas que antes quedaban dentro del reporte obligatorio ahora no lo están, aunque la presión de clientes, inversores y cadenas de valor mantiene la relevancia de medir y comunicar el desempeño ambiental.

Qué supone para tu empresa

El Pacto Verde sigue marcando la dirección de la regulación ambiental europea y tiene implicaciones directas para las organizaciones:

• Medición de la huella de carbono: es la base para responder a la regulación, a las licitaciones y a las exigencias de clientes e inversores.
• Transparencia y reporte: aunque los umbrales se han elevado, la información de sostenibilidad fiable sigue siendo un factor competitivo.
• Acceso a financiación e incentivos: la financiación climática y los fondos europeos priorizan proyectos alineados con la transición.

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