Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es la norma básica que regula la prevención, la producción y la gestión de residuos en España. Sustituyó a la anterior Ley 22/2011 y adapta el marco español a la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE y al paquete de economía circular de la UE.

Su objetivo es reducir el impacto ambiental y climático de los residuos, impulsar la economía circular y hacer un uso más eficiente de los recursos. Introduce medidas innovadoras como la fiscalidad ambiental, nuevas metas de reciclado, prohibiciones de plásticos de un solo uso y obligaciones de trazabilidad digital.

Contexto y antecedentes

La Ley 7/2022 responde a varios factores: el retraso de España en los objetivos europeos de reciclado y reducción de vertido, la necesidad de transponer las Directivas (UE) 2018/851 y 2018/852, la urgencia de recortar las emisiones de metano de los vertederos y el compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La norma entró en vigor el 10 de abril de 2022 y supuso un cambio de paradigma para administraciones, empresas y consumidores.

Objetivos principales

1. Prevenir la generación de residuos mediante medidas en diseño, producción y consumo.
2. Fomentar la reutilización y el reciclado como opciones prioritarias de la jerarquía de residuos.
3. Reducir el vertido hasta el objetivo europeo del 10% en 2035.
4. Impulsar la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en envases, textiles, plásticos, aceites y aparatos eléctricos.
5. Introducir fiscalidad verde, con impuestos a los plásticos no reutilizables y al vertido e incineración.
6. Garantizar la trazabilidad y la transparencia mediante registros y sistemas digitales.

Novedades más relevantes

1. Fiscalidad ambiental

El título de medidas fiscales entró en vigor el 1 de enero de 2023 e incluye:

• Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables: 0,45 €/kg de plástico no reciclado.
• Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, gestionado por las comunidades autónomas.

2. Plásticos de un solo uso

• Se prohíben productos como pajitas, bastoncillos de algodón, cubiertos y platos de plástico.
• El consumo de vasos y recipientes alimentarios de un solo uso debe reducirse un 50% en 2026 y un 70% en 2030 respecto a 2022.

3. Recogida separada obligatoria

• Biorresiduos: obligatoria en todos los municipios desde 2024 (desde 2022 en municipios de más de 5.000 habitantes).
• Textiles, aceites de cocina usados y residuos peligrosos domésticos: recogida separada desde 2025.

4. Metas de reciclado

• 55% de los residuos municipales en 2025.
• 60% en 2030.
• 65% en 2035.

5. Responsabilidad ampliada del productor

Los productores deben financiar y organizar sistemas de recogida, reutilización y reciclado. Se aplica a envases, textiles, pilas, aceites, muebles y RAEE.

6. Digitalización y trazabilidad

• Uso obligatorio de los sistemas electrónicos de información de residuos para los traslados.
• Registro digital de productores y gestores.

Obligaciones para empresas

1. Productores de residuos: inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, planes de minimización para residuos peligrosos y memoria anual de gestión.
2. Fabricantes e importadores: adhesión a sistemas de RAP, financiación de la recogida y el tratamiento de sus productos y cumplimiento de objetivos de reciclado y reutilización.
3. Distribución: reducción de envases innecesarios, fomento de la venta a granel y de envases reutilizables y aceptación de devoluciones en flujos como pilas o RAEE.
4. Construcción y demolición: separación obligatoria de residuos de construcción y demolición y prohibición de depositarlos mezclados en vertedero.

Obligaciones para las administraciones

• Implantar la recogida separada de fracciones.
• Establecer tasas de residuos que reflejen el coste real del servicio (PAYT, pago por generación).
• Desarrollar planes autonómicos y locales de gestión.
• Velar por la clausura de vertederos ilegales y publicar estadísticas transparentes.

Régimen sancionador

La Ley establece sanciones que oscilan entre los 2.000 € de las infracciones leves, los 600.000 € de las graves y hasta 3,5 millones de euros en las muy graves. Son infracciones, por ejemplo, el abandono o vertido incontrolado de residuos, el incumplimiento de las obligaciones de RAP o la falsificación de la documentación de traslado.

Relación con otras normas

La Ley 7/2022 se complementa con el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, el Real Decreto 553/2020 de traslado de residuos y la Estrategia Española de Economía Circular 2030. Es la base normativa para transformar el modelo lineal de usar y tirar en uno circular en el que los residuos se convierten en recursos.

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