Sistema de Comercio de Emisiones de México (SCE)

El Sistema de Comercio de Emisiones de México (SCE) es un instrumento de mercado diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores más emisores del país. Funciona bajo el principio de tope y comercio: la autoridad fija un límite máximo de emisiones para los sectores cubiertos y reparte derechos de emisión que las instalaciones pueden comprar y vender entre sí.

El SCE fue el primer sistema de comercio de emisiones que se puso en marcha en América Latina, lo que lo convierte en una referencia regional para el diseño de mercados de carbono.

Cómo funciona un sistema de tope y comercio

En un mercado de emisiones (ETS), el regulador establece un tope total de emisiones que debe disminuir con el tiempo. Las instalaciones reciben o adquieren derechos de emisión y, al final de cada periodo, deben entregar tantos derechos como toneladas hayan emitido. Quien reduce más emisiones puede vender sus derechos sobrantes; quien emite por encima de su asignación debe comprarlos. Así se pone un precio al carbono y se incentiva la reducción donde resulta más eficiente. El modelo guarda paralelismos con el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS), aunque con sus propias reglas.

Marco legal y sectores cubiertos

El SCE se sustenta en el artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), reformado en julio de 2018, que encarga a la autoridad ambiental establecer de forma progresiva y gradual un sistema de comercio de emisiones.

El sistema se dirige a los sectores de energía e industria y alcanza a las instalaciones cuyas emisiones directas de fuentes fijas son iguales o superiores a 100.000 toneladas de CO2 al año. El sector energético incluye la generación, transmisión y distribución eléctrica y la extracción, producción, transporte y distribución de combustibles fósiles; el industrial abarca giros como cemento y cal, química y petroquímica, siderurgia y metales, minería, vidrio, automotriz, alimentos y bebidas o celulosa y papel.

El SCE se apoya en el Registro Nacional de Emisiones (RENE), que aporta los datos verificados de emisiones necesarios para asignar derechos y comprobar el cumplimiento de cada instalación.

Del programa de prueba a la fase operativa

La propia reforma de la LGCC previó un programa de prueba sin efectos económicos para los sectores participantes, con una vigencia de treinta y seis meses: una fase piloto en 2020 y 2021 y un año de transición en 2022. Durante ese periodo las instalaciones se familiarizaron con la medición, el reporte y la entrega de derechos sin sanciones económicas por incumplimiento.

La fase operativa, con efectos vinculantes plenos, está prevista a partir de 2025, pero las bases preliminares del programa de prueba siguen siendo el marco en vigor hasta que se publique la regulación de la fase operativa. Conviene por tanto seguir las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación antes de dar por cerrado el diseño definitivo del sistema. El diseño contempla un mecanismo de compensación: los participantes pueden cubrir hasta el 10% de sus obligaciones de cumplimiento con créditos de compensación o de acción temprana.

Por qué importa para las empresas

Para las instalaciones cubiertas, el SCE introduce un coste asociado a emitir y, por tanto, un incentivo económico directo para la descarbonización. Anticiparse, medir bien las emisiones y planificar reducciones permite gestionar el riesgo de precio del carbono en lugar de sufrirlo.

Prepárate para el mercado de carbono con Manglai

En Manglai ayudamos a las empresas a medir sus emisiones, anticipar el coste del carbono y diseñar planes de reducción creíbles. Con el software de huella de carbono de Manglai puedes prepararte para el SCE y para un futuro con precio al carbono.