La Ley General de Cambio Climático (LGCC) es la ley marco que ordena la política climática de México. Establece el reparto de competencias entre los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), las metas nacionales de mitigación y adaptación, y los instrumentos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y enfrentar los efectos del calentamiento global.
Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012 y reformada de forma relevante en 2018 para alinearla con el Acuerdo de París. Con esa reforma, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) quedó incorporada como el instrumento que recoge los objetivos de México en mitigación y adaptación.
La LGCC provee el marco legal que coordina las acciones de los distintos niveles de gobierno en materia de cambio climático. Entre sus elementos principales destacan:
La rectora de su aplicación es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el apoyo técnico del INECC.
La LGCC obliga al Estado a fijar metas de reducción de emisiones y a actualizarlas periódicamente a través de la NDC. Los hitos más relevantes son:
Estas metas se traducen en políticas concretas a través del PECC y de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La LGCC promueve el uso de energías limpias, la eficiencia energética y la transición hacia modelos de producción más sustentables en sectores como el energético, industrial, transporte y agropecuario.
Reconoce que los efectos del cambio climático ya están ocurriendo e impulsa medidas para reducir la vulnerabilidad de ecosistemas y comunidades, como la conservación de bosques, la protección de cuencas y los sistemas de alerta temprana.
Establece mecanismos de coordinación entre secretarías y órdenes de gobierno, y obliga a presentar informes periódicos sobre avances, fomentando la participación de la sociedad civil y el sector privado.
La LGCC alcanza a todos los sectores de la economía. Para las empresas, sus efectos más directos llegan a través del Registro Nacional de Emisiones, que obliga a ciertos establecimientos a reportar sus emisiones, y del Sistema de Comercio de Emisiones. Conocer la ley y las metas de la NDC ayuda a las organizaciones a anticipar obligaciones, gestionar su huella de carbono y aprovechar oportunidades como los créditos de carbono.
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