La Taxonomía Verde de Colombia es un sistema de clasificación de actividades económicas y activos que contribuyen de forma sustancial al logro de objetivos ambientales del país. Se publicó el 11 de abril de 2022 y la lideraron el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia, con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación y el DANE. Colombia fue el primer país de América en publicar una taxonomía verde.
Una taxonomía no obliga a nadie a reducir emisiones. Lo que hace es poner de acuerdo a todos sobre qué cuenta como verde y qué no, con criterios técnicos escritos. Con ese lenguaje común se consigue cuatro cosas:
La Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones sobre su adopción mediante la Circular Externa 005 de 2022.
Una actividad entra en la taxonomía cuando contribuye de forma sustancial a alguno de estos objetivos:
El documento se organiza en tres componentes: un marco general que explica el diseño conceptual, los objetivos de mitigación del cambio climático y los objetivos de los sectores de uso del suelo.
Que la ganadería, la agricultura y la silvicultura tengan un bloque propio no es un detalle menor: reconoce que en Colombia buena parte de las emisiones y de las oportunidades de mitigación están en el uso del suelo, no solo en la industria.
Si tu compañía no es financiera, la taxonomía no te impone un reporte nuevo. Aparece en el momento en que buscas financiación etiquetada como verde o sostenible, o cuando un cliente o un fondo te pide encajar tu actividad en una categoría reconocida.
En ese momento el banco o el estructurador te va a pedir que demuestres que la actividad o el activo cumple los criterios técnicos, y eso se demuestra con datos medidos y trazables, no con declaraciones de intenciones. Los que suelen faltar son siempre los mismos: intensidad energética por unidad producida, emisiones asociadas al proceso, consumo y vertimiento de agua, y la trazabilidad de cada cifra hasta la factura o el registro de origen. Tener el inventario de emisiones ordenado antes de la conversación con el banco te ahorra semanas.
La taxonomía de la UE es un reglamento con criterios de contribución sustancial, principio de no causar un perjuicio significativo y salvaguardas mínimas, y va unida a obligaciones de divulgación para determinadas empresas y entidades financieras. La colombiana comparte la lógica de clasificación por criterios técnicos, pero nace como referencia común para el mercado y se articula con el sistema financiero a través de las instrucciones de la Superintendencia Financiera, no mediante una obligación general de reporte para empresas no financieras.
La lideraron el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación y el DANE.
No impone por sí misma una obligación de reporte a las empresas no financieras. Su efecto práctico llega a través del sistema financiero: es el criterio con el que se clasifican y etiquetan bonos y créditos verdes.
Siete sectores de mitigación (energía, construcción, transporte, gestión de residuos, agua, tecnologías de la información y las comunicaciones y manufactura) y tres sectores de uso del suelo (ganadería, agricultura y silvicultura).
Desde el 11 de abril de 2022, cuando Colombia se convirtió en el primer país de América en publicar una taxonomía verde.
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Valor monetario por tonelada de CO2e que una empresa aplica a su propia actividad para orientar inversiones, anticipar la regulación y acelerar la descarbonización.
Certificado electrónico que acredita que una unidad de energía, normalmente 1 MWh, se ha producido a partir de fuentes renovables y que el consumidor puede reclamar como consumo renovable.
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