Un residuo inerte es aquel que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No se disuelve, no quema ni produce gases o lixiviados en cantidad o toxicidad capaz de contaminar suelos o aguas. En otras palabras, su composición y comportamiento se mantienen estables a largo plazo.
Según la Decisión 2003/33/CE de la Unión Europea y la legislación española derivada (Ley 7/2022 y Real Decreto 105/2008), se incluyen materiales como:
A diferencia de los residuos peligrosos (contenedores de aceites, disolventes, pinturas con metales pesados), los inertes no plantean riesgos tóxicos, pero no deben confundirse con residuos biodegradables. No se descomponen de manera natural, lo que implica que su volumen debe ser controlado para optimizar el espacio de vertido.
Su manejo inadecuado puede provocar daños visuales, obstrucción de cauces naturales o erosión si no se gestionan adecuadamente los depósitos.
El sector de la construcción es el principal generador, aportando más del 35% del total de residuos generados en el país. A este flujo se suman actividades mineras, demoliciones industriales y obras de infraestructura pública.
El objetivo europeo es reducir significativamente la cantidad destinada a vertedero y potenciar su valorización como árido reciclado.
La gestión responsable de los residuos inertes comprende varias etapas:
En plantas de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD):
La reutilización de materiales inertes aporta beneficios notables, como reducción de costes de transporte, ahorro de recursos naturales y limitación del impacto de nuevas canteras.
En España destacan:
La legislación promueve la jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación en último caso.
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