Los residuos peligrosos son aquellos desechos que presentan una o varias propiedades nocivas para la salud humana y el medio ambiente, como toxicidad, inflamabilidad, corrosividad o ecotoxicidad. Frente a los residuos no peligrosos, exigen controles reforzados a lo largo de toda su gestión.
En España, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados establece obligaciones estrictas para su identificación, almacenamiento, transporte y tratamiento. Estos residuos incluyen desde disolventes industriales hasta aceites usados, baterías, pesticidas o residuos sanitarios infecciosos.
Un residuo se considera peligroso cuando cumple al menos una de las características de peligrosidad definidas en la normativa comunitaria y nacional. Estas 15 propiedades de peligrosidad (HP) fueron introducidas por el Reglamento (UE) nº 1357/2014 y figuran hoy recogidas en el anexo III de la Ley 7/2022. Entre ellas:
En la práctica, esta clasificación obliga a codificar cada residuo con un código LER (Lista Europea de Residuos). Los residuos peligrosos se identifican con un asterisco (*) en su código. Cuando un residuo tiene código espejo (puede ser peligroso o no peligroso), corresponde al productor evaluar sus características de peligrosidad para asignar el código correcto.
En España, su gestión se regula principalmente por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que sustituye a la anterior Ley 22/2011. A nivel europeo y nacional destacan además:
Todo este marco se apoya en la jerarquía de residuos y obliga a productores y gestores a aplicar medidas estrictas de control, trazabilidad y comunicación a la administración.
La gestión incorrecta de los residuos peligrosos puede provocar:
Las empresas que generan residuos peligrosos deben cumplir un conjunto de obligaciones específicas:
Una gestión correcta no solo evita sanciones: también refuerza la transición hacia la economía circular y mejora la información de sostenibilidad de la empresa.
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