Son aquellos originados en los hogares, talleres vecinales, centros educativos o pequeñas actividades urbanas, que contienen sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas o reactivas.
Ejemplos frecuentes:
Su peligrosidad deriva de la presencia de metales pesados (mercurio, plomo, cadmio), solventes orgánicos y compuestos químicos reactivos. Un simple vertido de disolvente puede contaminar miles de litros de agua subterránea.
Los residuos peligrosos no deben mezclarse con los domésticos ni depositarse en papeleras o contenedores convencionales.
Los ayuntamientos disponen de puntos limpios fijos y móviles, donde ciudadanos y pequeñas empresas pueden entregar sus residuos peligrosos gratuitamente.
En áreas rurales, los municipios suelen coordinar servicios itinerantes o convenios comarcales.
Todo proceso debe estar certificado por gestores autorizados.
La Ley 7/2022 y el Real Decreto 553/2020 regulan el traslado de residuos dentro de España. Además, el Catálogo Europeo de Residuos (CER) establece códigos específicos para cada sustancia.
El productor doméstico también tiene deberes: evitar el abandono de materiales peligrosos y asegurar su entrega a circuitos oficiales. Las sanciones pueden alcanzar los 3.000 € en caso de vertido ilegal.
Las campañas informativas y la instalación de contenedores específicos en supermercados o gasolineras facilitan la recogida selectiva. La implicación ciudadana es fundamental para reducir la dispersión de tóxicos.
Empresas gestoras utilizan sistemas de trazabilidad digital mediante etiquetas QR para seguir cada envase desde su entrega hasta el tratamiento final.
Asimismo, el auge del ecodiseño y los productos menos tóxicos está reduciendo el volumen total de RMP.
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