Legislación y regulación
22 OCTUBRE, 2024
•
4 MIN
Carolina Skarupa
Product Carbon Footprint Analyst

La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible ha dejado de ser un proyecto para convertirse, a fecha de 2026, en una norma estatal en vigor (entró en vigor el 5 de diciembre de 2025). Su objetivo es impulsar un modelo de transporte más eficiente, digital y bajo en emisiones, y afecta de lleno a uno de los sectores que más emite: el transporte y la logística.
Para las empresas del sector, la ley combina nuevas obligaciones con incentivos y, sobre todo, acelera una transición que el mercado ya estaba exigiendo: flotas menos contaminantes, datos de movilidad fiables y una huella de carbono medida y reducida.
La Ley de Movilidad Sostenible sitúa el transporte como un derecho ciudadano y una palanca de política climática. Para las empresas, los cambios más relevantes son tres: la obligación de planificar la movilidad de los centros de trabajo, el empuje normativo hacia un modelo de transporte sostenible y la creación de instrumentos de financiación y datos (como el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible y el Espacio de Datos Integrado de Movilidad).
La obligación más tangible es el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) para centros con más de 200 personas en plantilla o más de 100 por turno. El plazo se ha adelantado: el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, redujo de 24 a 12 meses el tiempo para implantarlo, de modo que las empresas obligadas deben tenerlo listo antes del 5 de diciembre de 2026. Analizamos estas obligaciones en detalle en nuestra guía sobre la Ley de Movilidad Sostenible para empresas.
Adoptar una movilidad sostenible no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para mejorar costes y competitividad. Entre las ventajas más destacadas:
La Ley de Movilidad Sostenible tiene repercusiones directas para las empresas del sector del transporte y la logística. Estas empresas afrontan el reto de adaptar sus flotas y operaciones, lo que puede suponer una inversión inicial relevante. A cambio, la transición abre oportunidades:
La transición hacia una movilidad sostenible no está exenta de desafíos. El sector debe afrontar retos importantes para reducir las emisiones de su flota y adaptarse a las nuevas exigencias.
La renovación de flotas es uno de los principales retos. Sustituir vehículos de combustión por eléctricos o de energías alternativas requiere inversión. Para facilitar la transición, las administraciones mantienen ayudas e incentivos, y la propia ley crea instrumentos de financiación vinculados a planes con objetivos medibles.
El despliegue de una red de recarga para vehículos eléctricos es fundamental. Es necesario instalar puntos de recarga en ubicaciones estratégicas: centros logísticos, aparcamientos de flota, estaciones de servicio y vías de alta capacidad.
La ley no solo exige reducir emisiones, sino documentarlas. Los PMST deben comunicarse a la autoridad autonómica en un plazo de tres meses para integrarse en el Espacio de Datos Integrado de Movilidad, y los resultados alimentan el reporting ESG de la compañía. Sin datos fiables, no hay cumplimiento ni mejora real.
El primer paso para reducir el impacto ambiental del transporte es conocer la huella de carbono. La mayor parte de las emisiones de una empresa logística se concentran en el alcance 3 del GHG Protocol, en categorías como el transporte y la distribución. Por eso conviene medir siguiendo estándares reconocidos como el GHG Protocol y la norma ISO 14064.
En Manglai ofrecemos un software de gestión de huella de carbono para empresas que buscan una gestión eficiente y precisa de sus emisiones. La herramienta permite:
Para el transporte y la logística, medir bien la huella es el punto de partida para cumplir la Ley de Movilidad Sostenible y diseñar una estrategia de descarbonización del sector.
Sí. Se aprobó como Ley 9/2025, de 3 de diciembre, y entró en vigor el 5 de diciembre de 2025. A fecha de 2026 es plenamente aplicable.
Las que tengan centros de trabajo con más de 200 personas en plantilla o más de 100 por turno. El plazo, tras el RD-ley 7/2026, vence el 5 de diciembre de 2026.
Por medir la huella de carbono de la flota y de la operación, identificar las categorías de alcance 3 más relevantes y diseñar, sobre esos datos, el plan de movilidad y de reducción de emisiones.
Carolina Skarupa
Product Carbon Footprint Analyst
Sobre el autor
Licenciada en Ingeniería y Gestión Industrial en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe con máster en Gestión y Conservación del Medio Natural de la Universidad de Cádiz. Soy analista de producto en Manglai y asesoro a clientes en la medición de la huella de carbono. Me especializo en desarrollar programas orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para empresas. Mi vocación por la preservación del entorno es clave para la implementación de planes de acción en el ámbito empresarial.
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