La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética marca un hito en la legislación ambiental de España. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país en la lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París.
Esta normativa establece un marco legal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), promover la transición hacia una economía baja en carbono y fomentar la resiliencia frente a los impactos climáticos.
La Ley 7/2021, promulgada el 20 de mayo de 2021, establece las bases para que España alcance la neutralidad climática a más tardar en 2050.
Este concepto implica que el país debe lograr un equilibrio entre las emisiones de GEI generadas y las eliminadas, ya sea mediante absorción natural o tecnologías de captura de carbono.
Entre sus objetivos principales destacan:
La ley también establece obligaciones específicas para empresas y administraciones públicas, como la integración de criterios climáticos en la planificación y la toma de decisiones.
La medición de la huella de carbono es un pilar fundamental de la Ley 7/2021, ya que permite a las empresas y organizaciones identificar sus emisiones de GEI y establecer estrategias para reducirla.
La huella de carbono se define como el total de emisiones de GEI generadas directa o indirectamente por una actividad, producto o servicio, y se mide en toneladas de CO2 equivalente.
La ley exige a las grandes empresas y a ciertos sectores estratégicos que calculen y reporten sus emisiones de carbono, incluyendo:
El cumplimiento de estas obligaciones no solo es esencial para evitar sanciones, sino también para mejorar la competitividad y la reputación corporativa en un mercado cada vez más orientado hacia la sostenibilidad.
La transición energética es otro de los pilares fundamentales de esta ley, ya que consiste en el cambio progresivo de un modelo energético basado en combustibles fósiles hacia uno sostenible, centrado en energías renovables y eficiencia energética.
La Ley 7/2021 establece metas ambiciosas para reducir las emisiones en sectores clave como la industria, el transporte y la agricultura. Por ejemplo, se promueve el uso de vehículos eléctricos y la electrificación del transporte público, así como la implementación de tecnologías limpias en la producción industrial.
El desarrollo de fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, es esencial para alcanzar los objetivos de la ley. Además, se incentiva la instalación de sistemas de autoconsumo y almacenamiento energético, lo que permite a las empresas y hogares reducir su dependencia de la red eléctrica convencional.
Además de la mitigación, la Ley 7/2021 pone un fuerte énfasis en la adaptación a los impactos del cambio climático. Esto incluye la evaluación y gestión de riesgos climáticos en sectores vulnerables, como la agricultura, la pesca y el turismo.
Las empresas también están llamadas a integrar la adaptación climática en sus planes estratégicos, lo que puede incluir medidas como la diversificación de fuentes de suministro o la mejora de la infraestructura para resistir fenómenos climáticos extremos.
El cumplimiento de la Ley 7/2021 no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para las empresas. Entre los principales beneficios destacan:
La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética es un marco legal esencial para que España avance hacia un futuro sostenible y resiliente. Su enfoque en la reducción de emisiones, la transición energética y la adaptación climática la convierte en una herramienta clave para combatir el cambio climático.
Para las empresas, esta ley representa tanto un desafío como una oportunidad. La medición precisa de la huella de carbono, facilitada por herramientas como las de Manglai, es el primer paso para cumplir con sus disposiciones y aprovechar los beneficios asociados.
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