Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), conocidos comúnmente como residuos electrónicos, son los equipos eléctricos o electrónicos que han llegado al final de su vida útil o han quedado inservibles.
Son uno de los flujos de residuos que más crece en el mundo, por la rápida obsolescencia tecnológica, el consumo masivo de dispositivos y el auge del comercio electrónico. Según el Global E-waste Monitor de Naciones Unidas, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de RAEE en el mundo y solo se recogió y recicló de forma documentada en torno al 22,3 por ciento.
Estos residuos contienen materiales valiosos como oro, plata, cobre, litio y tierras raras, pero también sustancias peligrosas como mercurio, plomo o retardantes de llama. Por eso una gestión correcta es clave para recuperar recursos, evitar riesgos ambientales y proteger la salud.
Según el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son RAEE todos los aparatos eléctricos y electrónicos de los que su poseedor se desprenda, o tenga la intención o la obligación de desprenderse, incluidos todos sus componentes, subconjuntos y consumibles. La definición abarca tanto aparatos domésticos como profesionales.
El Real Decreto 110/2015 clasifica los RAEE en seis categorías:
La normativa establece la responsabilidad ampliada del productor, que obliga a fabricantes e importadores a organizar y financiar la recogida y el tratamiento de los RAEE.
Los RAEE son un flujo estratégico en la economía circular por su contenido en materias primas críticas. Su correcta recogida y reciclaje permite reducir la dependencia de la UE de países exportadores, reincorporar materiales a las cadenas de valor industriales y promover modelos de consumo basados en la reparación y la segunda mano, reforzados por el índice de reparabilidad y el derecho a reparar.
En definitiva, los RAEE no deberían verse como basura tecnológica, sino como una mina urbana capaz de suministrar recursos estratégicos para la transición ecológica y digital. España ha avanzado en sus sistemas de recogida y tratamiento, aunque todavía está lejos de los objetivos europeos.
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