Tasa de vertido

La tasa de vertido mide el porcentaje de residuos que son depositados en vertedero respecto al total de residuos generados en un territorio o sistema de gestión. Este indicador refleja el grado de dependencia de una economía respecto a la eliminación final, frente a las opciones superiores de la jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclaje y valorización.

Un valor alto de tasa de vertido indica ineficiencia ambiental, pérdida de recursos y costes crecientes asociados al tratamiento y mantenimiento de los vertederos. En cambio, su reducción progresiva señala una transición hacia modelos circulares, donde los residuos se integran nuevamente como materias primas secundarias o fuentes energéticas.

Contexto normativo europeo y español

La Directiva 1999/31/CE sobre vertido de residuos, modificada por la Directiva (UE) 2018/850, establece las obligaciones técnicas y los objetivos de reducción del vertido en los Estados miembros.

A partir de 2035, la normativa europea exige que no más del 10 % de los residuos municipales generados sean eliminados en vertedero.

España transpone estos requisitos mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que introduce dos instrumentos fundamentales:

• Un impuesto estatal al vertido e incineración, aplicable desde 2023.
• Un sistema de informes anuales de vertido obligatorios para comunidades autónomas y entes locales.

El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2022-2035) fija la meta nacional de alcanzar una tasa de vertido inferior al 15 % en 2030 y avanzar hacia el objetivo europeo del 10 % en 2035.

Tipología de vertederos y alcance

• Vertederos de residuos no peligrosos: acogen la fracción rechazo de plantas de tratamiento.
• Vertederos de residuos peligrosos: para lodos industriales, cenizas o materiales contaminados.
• Vertederos inertes: reciben residuos de construcción y demolición (RCD) estables químicamente.

Cada tipo está sujeto a requisitos de impermeabilización, control de lixiviados y gases, así como a planes de clausura y posclausura.

Impactos ambientales y sociales

El vertido es la opción menos deseable de la jerarquía por su impacto múltiple:

• Emisiones de gases de efecto invernadero: el metano (CH₄) emitido durante la descomposición anaerobia tiene un potencial de calentamiento 28 veces superior al CO₂.
• Contaminación de suelos y aguas: por infiltración de lixiviados con metales pesados o compuestos orgánicos.
• Ocupación de suelo y pérdida de paisaje.
• Riesgo sanitario: proliferación de vectores y emisiones odoríferas.

Reducir la tasa de vertido implica, por tanto, mejorar la calidad ambiental, la salud pública y la eficiencia económica del sistema.

Instrumentos económicos: el impuesto al vertido

El impuesto estatal creado por la Ley 7/2022 introduce un gravamen homogéneo en todo el territorio español, calculado por tonelada de residuo depositado.

Su objetivo es desincentivar la eliminación y financiar medidas de prevención y reciclaje.

Ejemplo de tarifas orientativas (2025):

• 40 €/t para residuos municipales no peligrosos.
• 10 €/t para residuos inertes.
• 5 €/t adicionales si el vertedero no cumple requisitos ambientales.

Los ingresos se destinan a fondos autonómicos de sostenibilidad o programas de modernización de plantas de tratamiento.

Estrategias para reducir la tasa de vertido

1. Implantar la recogida separada obligatoria de fracciones orgánicas, envases, papel-cartón y vidrio.
2. Desarrollar infraestructuras de valorización (planta de compostaje, digestión anaerobia, reciclaje químico).
3. Aplicar el principio “pago por generación” (PAYT), para que quien más rechazos genere más pague.
4. Fomentar la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y el ecodiseño de envases.
5. Reforzar el control y la trazabilidad digital de flujos para evitar vertidos ilegales.
6. Planificar la clausura progresiva de vertederos obsoletos y la restauración de espacios degradados.

Innovación tecnológica en vertederos

Aunque el objetivo es minimizar su uso, los vertederos actuales incorporan tecnologías de control y valorización:

• Captura y aprovechamiento de biogás para generar electricidad o calor.
• Sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados mediante ósmosis inversa o biorreactores.
• Monitorización ambiental por sensores IoT y vigilancia con drones.
• Sellado final con cubiertas geosintéticas y revegetación para restaurar el paisaje.

Estas medidas reducen los impactos mientras se avanza hacia su cierre definitivo.

Relación con otros indicadores

• Tasa de reciclado: su aumento reduce directamente el vertido.
• Tasa de valorización: incluye reciclaje y valorización energética, restando al volumen vertido.
• Huella material: un descenso en el vertido implica un uso más eficiente de materiales.

El equilibrio entre estas métricas define la madurez del sistema de gestión de residuos.

Impacto económico y social

Disminuir la tasa de vertido reduce los costes a largo plazo de mantenimiento y posclausura de vertederos, evita sanciones europeas y genera empleo verde en los sectores de reciclaje y compostaje.

Además, mejora la reputación ambiental de las regiones y atrae inversiones vinculadas a la sostenibilidad industrial.

Retos pendientes

• Falta de armonización de datos entre comunidades autónomas.
• Insuficiente infraestructura de tratamiento en zonas rurales.
• Resistencia social a la implantación de nuevas plantas de valorización.
• Necesidad de sensibilización ciudadana sobre el coste real del vertido.

Perspectiva de futuro

El cumplimiento de la meta europea del 10 % exigirá:

• Integrar la digitalización de datos de residuos en plataformas nacionales interoperables.
• Promover la economía del residuo cero, priorizando prevención y reutilización.
• Convertir los antiguos vertederos en infraestructuras verdes o centros de energía renovable mediante aprovechamiento de biogás.

La Circular Economy Action Plan 2.0 (2023) prevé reforzar la fiscalidad ambiental y la cooperación público-privada para erradicar el vertido de materiales reciclables antes de 2040.