Justicia hídrica

La justicia hídrica es el principio según el cual el acceso, uso, control y distribución del agua deben garantizarse de forma equitativa, democrática y sostenible para todas las personas, independientemente de su clase social, género, etnia, lugar de residencia o capacidad económica. Esta visión reconoce el agua como un derecho humano fundamental y un bien común, no como una mercancía sujeta únicamente a las reglas del mercado.

La justicia hídrica se posiciona frente a modelos de gestión que concentran el poder en manos de unos pocos, que privatizan fuentes sin consulta social o que marginan a comunidades rurales, pueblos indígenas y zonas urbanas periféricas del acceso a servicios básicos.

¿Por qué es necesaria?

El acceso desigual al agua es una de las expresiones más claras de injusticia ambiental y social. Según la ONU, más de 2.000 millones de personas viven sin acceso a agua potable gestionada de forma segura, y al menos 4.200 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. En muchas regiones, estas carencias no se deben a la falta de agua, sino a su gestión excluyente y desregulada.

La justicia hídrica busca revertir este patrón estructural, reconociendo el agua como un derecho, promoviendo la participación de las comunidades en su gestión y redistribuyendo los recursos de forma equitativa entre sectores y territorios.

Dimensiones clave de la justicia hídrica

La justicia hídrica abarca múltiples dimensiones interrelacionadas que deben abordarse de forma integral:

1. Justicia distributiva

Se refiere a la distribución equitativa de los recursos hídricos entre usuarios. Esto implica garantizar caudales suficientes y de calidad para uso humano, ecosistémico, productivo y cultural, sin privilegios institucionalizados ni acceso condicionado al poder adquisitivo.

2. Justicia procedimental

Implica que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan participar en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión del agua. Esto requiere transparencia institucional, acceso a la información, mecanismos efectivos de consulta y garantía de derechos colectivos.

3. Justicia de reconocimiento

Supone reconocer la pluralidad de valores, conocimientos y prácticas en torno al agua. Esto incluye los usos ancestrales de pueblos indígenas, los sistemas comunitarios de gestión y las visiones no utilitaristas del recurso.

4. Justicia restaurativa

Busca reparar daños históricos o actuales causados por políticas hídricas excluyentes o actividades extractivas. Se traduce en inversiones compensatorias, restitución de territorios y restauración de ecosistemas degradados.

Injusticias comunes en la gestión del agua

Algunas de las formas más frecuentes de injusticia hídrica en contextos locales e internacionales incluyen:

• Aprobación de concesiones extractivas sin consulta previa a comunidades.
• Cortes masivos de agua por impago sin alternativas viables.
• Exclusión de mujeres y pueblos originarios en órganos de gobernanza hídrica.
• Privatización de fuentes públicas sin mecanismos de regulación social.
• Contaminación de ríos o acuíferos con impacto desigual en poblaciones vulnerables.

Estas situaciones no son accidentales, sino el resultado de modelos de desarrollo que priorizan el lucro privado sobre el bien común. La justicia hídrica busca desmantelar estas estructuras y reemplazarlas por sistemas democráticos, redistributivos y resilientes.

Herramientas para promover la justicia hídrica

Aplicar la justicia hídrica requiere de instrumentos normativos, financieros, sociales y ecológicos. Algunos ejemplos son:

• Reconocimiento constitucional del agua como derecho humano y bien común.
• Planificación hidrosocial participativa a nivel de cuenca.
• Presupuestos participativos hídricos con enfoque territorial.
• Tarifas progresivas que garanticen el acceso básico gratuito y desincentiven el despilfarro.
• Fortalecimiento de redes de gestión comunitaria del agua.
• Monitoreo ciudadano de calidad y caudales.
• Restauración de ecosistemas acuáticos con protagonismo local.

En regiones como América Latina y África subsahariana, donde las comunidades han desarrollado formas propias de gestión del agua, la justicia hídrica implica también proteger estos modelos frente a procesos de despojo legal o mercantilización encubierta.

Justicia hídrica en el contexto climático

El cambio climático agudiza las injusticias existentes: sequías prolongadas, eventos extremos e imprevisibilidad hidrológica impactan de forma desproporcionada en quienes menos recursos tienen para adaptarse. Por ello, cualquier estrategia climática debe incorporar explícitamente criterios de justicia hídrica.

Esto implica que los fondos de adaptación climática, los programas de infraestructura verde y las reformas regulatorias deben priorizar a quienes más sufren la inseguridad hídrica, no solo a quienes tienen mayor capacidad de ejecución.

Conexión con el enfoque ESG

En el ámbito empresarial, la justicia hídrica se traduce en asumir que operar en contextos de exclusión o escasez conlleva riesgos reputacionales, regulatorios y sociales significativos. Las empresas que extraen agua sin diálogo local, contaminan fuentes o ignoran a las comunidades pueden enfrentar bloqueos operativos, conflictos sociales o pérdida de licencia social para operar.

Incluir la justicia hídrica en los reportes ESG implica ir más allá de la eficiencia: exige rendición de cuentas sobre el impacto distributivo de las operaciones, transparencia sobre concesiones y procesos de participación efectiva con los grupos afectados.

Hacia un nuevo paradigma hídrico

La justicia hídrica no es un accesorio moral ni un obstáculo para el desarrollo: es una condición imprescindible para la sostenibilidad y la paz social. En un mundo cada vez más afectado por el estrés hídrico y los conflictos por el agua, garantizar el derecho al agua con equidad y democracia será uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

Este enfoque redefine el modo en que se planifica, financia y gobierna el recurso hídrico: ya no como una mercancía, sino como una base innegociable para la dignidad, la vida y la justicia ecológica.