La seguridad hídrica es la capacidad de una población o un territorio de garantizar agua suficiente, de calidad aceptable y a un coste asumible para cubrir las necesidades humanas, económicas y ecológicas, al tiempo que se minimizan los riesgos asociados al agua, como las sequías, las inundaciones y la contaminación. Es un concepto ampliamente utilizado por organismos como UN-Water y la Global Water Partnership.
La seguridad hídrica conecta la gestión del recurso con el desarrollo, la salud y la estabilidad social: sin agua fiable no hay agricultura, industria ni abastecimiento urbano sostenibles. Por eso es uno de los grandes retos del desarrollo sostenible y está directamente vinculada al ODS 6 (agua limpia y saneamiento).
La seguridad hídrica se evalúa con indicadores que combinan disponibilidad, acceso y riesgo. Uno de los más conocidos es el indicador de Falkenmark, que relaciona los recursos hídricos renovables con la población: por debajo de unos 1.700 m³ por habitante y año se considera que existe estrés hídrico, y por debajo de 1.000 m³, escasez. También se emplean índices compuestos, como el Índice de Seguridad Hídrica Nacional, que agregan varios subindicadores de cantidad, calidad y gobernanza.
Garantizar la seguridad hídrica exige planificación y un marco normativo sólido. En la Unión Europea, la Directiva Marco del Agua obliga a elaborar planes de cuenca basados en el balance hídrico y el estado ecológico de las masas de agua. A escala nacional, los planes de adaptación al cambio climático suelen incluir un componente hídrico específico, y la inversión en eficiencia, digitalización de redes y reutilización del agua es clave para reducir pérdidas.
Aumentar la seguridad hídrica implica reducir la vulnerabilidad hídrica y reforzar la resiliencia hídrica de territorios y empresas. También se relaciona con la gobernanza hídrica y con el estrés hídrico, que mide la presión sobre el recurso.
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