Ley de Movilidad Sostenible: obligaciones y beneficios para las empresas españolas

La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, que entró en vigor el 5 de diciembre de 2025, marca un punto de inflexión en la forma en que se concibe la movilidad en España.

Su objetivo es transformar de manera estructural los desplazamientos de personas y mercancías, alineando el sistema de transporte con los compromisos climáticos, la eficiencia energética y la mejora de la calidad del aire.

Para las empresas, esta ley no supone únicamente una nueva obligación regulatoria: introduce un marco que afecta directamente a la organización del trabajo, la gestión del talento, la planificación de costes y la estrategia ESG.

En este artículo, vamos a contarte en qué consiste la Ley de Movilidad Sostenible: principales puntos, beneficios y obligaciones para las empresas españolas para comprender su alcance y convertir el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva real.

¿Qué es la Ley de Movilidad Sostenible y qué persigue?

La Ley de Movilidad Sostenible es una norma estatal que establece las bases para un modelo de transporte más eficiente, inclusivo y bajo en emisiones. Su enfoque va más allá del transporte como infraestructura y lo sitúa como un derecho ciudadano y una palanca estratégica de política climática, económica y social.

Entre sus objetivos principales se encuentran la descarbonización progresiva de la movilidad, la reducción de la dependencia energética, la mejora de la salud pública mediante una menor contaminación atmosférica y la integración de la movilidad en la planificación urbana, territorial y laboral.

Por primera vez, la ley reconoce de forma explícita el derecho de las personas a acceder a una movilidad sostenible, hecho que transforma la manera en que se diseñan ciudades, polígonos industriales y centros de trabajo.

Obligaciones clave para las empresas españolas

La Ley de Movilidad Sostenible traslada parte de la responsabilidad de la transición ecológica directamente al tejido empresarial.

Más allá de declaraciones de intenciones, la norma establece obligaciones concretas para las empresas españolas, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los desplazamientos laborales.

Uno de los aspectos más relevantes de la ley para el tejido empresarial es la obligación de actuar sobre la movilidad asociada a los centros de trabajo. La norma parte de una premisa clara: los desplazamientos laborales son una fuente significativa de emisiones y deben gestionarse de forma estructurada.

Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST)

Las empresas que cuenten con más de 200 personas en plantilla o con más de 100 trabajadores por turno están obligadas a elaborar, negociar e implantar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo antes del 5 de diciembre de 2027. Este plan no es un documento formal sin impacto operativo, sino una herramienta viva que debe integrarse en la gestión diaria de la organización.

El PMST debe partir de un diagnóstico riguroso de la movilidad real de la plantilla, es decir, analizar cómo se desplazan las personas trabajadoras, qué medios de transporte utilizan, qué distancias recorren y cómo influyen los turnos, horarios y ubicaciones en esos desplazamientos. Sin este análisis previo, cualquier medida carece de eficacia real.

A partir del diagnóstico, el plan debe definir acciones concretas orientadas a reducir el impacto ambiental de la movilidad laboral: la ley prioriza el fomento del transporte público colectivo, la movilidad activa, como caminar o ir en bicicleta, la reducción de emisiones asociadas al vehículo privado y la promoción de fórmulas flexibles como el teletrabajo o los horarios escalonados.

El seguimiento es un elemento central del PMST, ya que la empresa debe establecer indicadores que permitan evaluar periódicamente los resultados, identificar desviaciones y ajustar las medidas cuando sea necesario. La mejora continua deja de ser una recomendación para convertirse en un requisito implícito del modelo.

Cuando no existe representación legal de las personas trabajadoras, la empresa está obligada a constituir una comisión negociadora específica para abordar el diseño y la implantación del plan.

Negociación y participación de la plantilla

La ley introduce una dimensión social muy clara en la gestión de la movilidad: los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo deben negociarse con la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, con una comisión interna creada a tal efecto, obligando de esta forma a las empresas a incorporar transparencia en el uso de los datos de movilidad y a diseñar medidas adaptadas a la realidad operativa y geográfica de cada centro.

Esta negociación no es un trámite: en la práctica, muchas empresas están integrando los compromisos de movilidad sostenible en los convenios colectivos, hecho que refuerza su estabilidad en el tiempo y los convierte en parte estructural de la política laboral.

Beneficios directos para las empresas

Aunque el enfoque inicial de la ley es regulatorio, su correcta aplicación genera beneficios empresariales claros y medibles como:

Reducción de costes operativos

La optimización de la movilidad laboral tiene un impacto directo en la estructura de costes. Reducir la dependencia del vehículo privado disminuye el gasto asociado a aparcamientos subvencionados, gestión de flotas y consumo energético. Además, la adopción de soluciones de movilidad sostenible facilita el acceso a incentivos fiscales y a programas de apoyo público.

La digitalización de los datos de movilidad permite tomar decisiones basadas en evidencia, reducir ineficiencias y anticipar necesidades futuras.

Mejora de la huella de carbono y de la reputación ESG

Los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo permiten reducir de forma directa y cuantificable las emisiones asociadas a los desplazamientos laborales. Para una empresa mediana o grande, esta reducción puede representar uno de los principales avances en su huella de carbono de alcance 3.

Además de la mejora ambiental, existe un impacto reputacional evidente: las empresas que integran la movilidad sostenible en su estrategia se posicionan como organizaciones alineadas con la transición ecológica, algo cada vez más valorado por clientes, inversores y entidades financieras. La instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos o el fomento activo del transporte colectivo son señales claras de compromiso real, no meramente declarativo.

Atracción y retención de talento

La movilidad se ha convertido en un factor determinante en la experiencia del empleado. Facilitar el acceso al centro de trabajo mediante opciones sostenibles, ofrecer abonos de transporte o permitir modalidades de trabajo flexible mejora de forma directa la satisfacción laboral.

En mercados laborales tensionados, esta ventaja marca la diferencia.

Acceso a financiación y subvenciones

La ley crea instrumentos específicos como el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, el cual prioriza proyectos con planificación previa, objetivos claros y resultados medibles. Las empresas que ya cuentan con un PMST bien definido parten con ventaja a la hora de acceder a fondos estatales y europeos.

Además, la movilidad sostenible abre la puerta a proyectos innovadores en colaboración con administraciones públicas y otros actores privados, integrando a las empresas en ecosistemas de innovación y transición energética.

Sanciones y riesgos del incumplimiento

La Ley de Movilidad Sostenible incorpora un régimen sancionador para los casos de incumplimiento, ya sea por no elaborar el plan, no negociarlo adecuadamente o no realizar su seguimiento. Las sanciones pueden incluir multas proporcionales al tamaño de la empresa, la exclusión de subvenciones públicas y restricciones en el acceso a contratos con la administración.

Más allá del impacto económico, el riesgo reputacional es significativo. En un contexto de creciente escrutinio ESG, incumplir una obligación tan visible puede erosionar la confianza de clientes, inversores y empleados. Por ello, la movilidad sostenible debe abordarse como una política estructural de gestión del riesgo.

Cómo implementar la Ley de Movilidad Sostenible en la empresa

La aplicación efectiva de la ley requiere una coordinación transversal.

El proceso comienza con un diagnóstico inmediato de la movilidad actual, seguido de la constitución de una comisión negociadora en los primeros meses. El diseño del Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo suele desarrollarse en un horizonte de entre seis y doce meses, para después iniciar la negociación con la plantilla y la implantación progresiva de las medidas.

Una vez en marcha, el plan debe evaluarse periódicamente, normalmente cada dos años, integrando los resultados en los sistemas de reporting corporativo.

Recursos Humanos, sostenibilidad, operaciones, legal y finanzas deben trabajar de forma conjunta para garantizar coherencia y eficacia.

La movilidad sostenible como oportunidad empresarial

La Ley de Movilidad Sostenible introduce un cambio profundo en la relación entre empresa, trabajo y territorio. Para las organizaciones españolas, no se trata solo de cumplir una nueva norma, sino de replantear la movilidad como una variable estratégica.

Los beneficios son claros: reducción de costes, mejora de la productividad, fidelización del talento, fortalecimiento reputacional y mayor acceso a financiación.

Las empresas que integren la movilidad sostenible de forma inteligente estarán mejor preparadas para un entorno regulatorio, económico y social cada vez más exigente.

En Manglai acompañamos a las organizaciones en la integración de estrategias de sostenibilidad y reporting regulatorio, donde la movilidad sostenible se consolida como un pilar clave del desempeño ESG.

Si deseas profundizar en cómo medir el impacto real de estas políticas, te recomendamos leer nuestro artículo sobre los beneficios de reducir la huella de carbono para tu empresa.

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Movilidad Sostenible

¿Todas las empresas deben cumplir la Ley de Movilidad Sostenible?

No, ya que el requerimiento de PMST aplica principalmente a empresas con más de 200 empleados o más de 100 por turno. Sin embargo, otras obligaciones generales de sostenibilidad pueden afectar a todas las empresas.

¿Qué ocurre si mi empresa no negocia el plan con los trabajadores?

La normativa exige negociar con la representación legal. Si no existe, debe constituirse una comisión dentro del propio centro de trabajo.

¿Puedo comunicar medidas voluntarias aunque mi empresa no esté obligada?

Sí, las empresas pueden anticiparse y diseñar iniciativas de movilidad sostenible para beneficiarse de incentivos fiscales y mejorar su reputación ESG para prepararlas para futuros cambios regulatorios.