El Reglamento ESPR (Reglamento (UE) 2024/1781, por sus siglas en inglés de Ecodesign for Sustainable Products Regulation) es la norma europea que establece requisitos de diseño ecológico para que los productos comercializados en la UE sean más duraderos, reparables, reciclables y eficientes en el uso de recursos. Entró en vigor el 18 de julio de 2024 y sustituye a la antigua Directiva Ecodesign (2009/125/CE), ampliando enormemente su alcance.
El cambio clave es de ámbito: mientras la directiva de 2009 solo regulaba los productos relacionados con la energía (electrodomésticos, iluminación, calefacción), el ESPR puede aplicarse a casi cualquier producto físico puesto en el mercado europeo, salvo unas pocas excepciones como alimentos, piensos o medicamentos.
Conviene no confundir ambas normas, porque conviven durante la transición:
El reglamento no fija exigencias producto a producto directamente, sino que crea un marco para que la Comisión apruebe actos delegados por grupo de productos. Estos requisitos pueden incluir:
Una de las grandes novedades del ESPR es el Pasaporte Digital de Producto (DPP), un registro electrónico, accesible normalmente mediante un código QR, que reunirá información sobre la composición, el origen, la reparabilidad, el contenido reciclado y las instrucciones de fin de vida de cada producto. El objetivo es dar transparencia a toda la cadena de valor y facilitar decisiones de compra, reparación y reciclaje más sostenibles.
El 16 de abril de 2025 la Comisión Europea adoptó el primer plan de trabajo del ESPR (2025-2030), que define los grupos de productos que recibirán antes requisitos de ecodiseño y obligaciones de pasaporte digital. Los productos prioritarios son:
Los actos delegados se irán aprobando de forma escalonada entre 2025 y 2030, con una revisión intermedia prevista para 2028. Los productos químicos y el calzado no entran en este primer plan, pero la Comisión está evaluando incluirlos en el futuro.
El ESPR afecta a fabricantes, importadores y distribuidores que venden productos en la UE, con independencia de dónde se fabriquen. Las empresas tendrán que rediseñar productos, recopilar y publicar datos de sostenibilidad y adaptar sus cadenas de suministro. Por su carácter de reglamento, las obligaciones serán homogéneas en toda la UE una vez se aprueben los actos delegados de cada categoría.
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