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Las normativas ambientales marcan la hoja de ruta hacia una economía baja en carbono. Este artículo recoge los cambios normativos que estaban sobre la mesa en 2024, pero conviene leerlo con una advertencia importante.
Aviso de actualización (a fecha de 2026). Varias de las normas que en 2024 se daban por inminentes han cambiado de forma sustancial. El paquete Ómnibus de simplificación, cerrado con la Directiva (UE) 2026/470 y en vigor desde el 18 de marzo de 2026, elevó los umbrales y aplazó los plazos de la CSRD y la CSDDD, mientras que la propuesta de Directiva de Green Claims fue retirada. Hemos actualizado cada apartado para reflejar la situación real. Para el panorama completo, consulta nuestro análisis del paquete Ómnibus y el resumen de cambios normativos ambientales de 2025.
Principales cambios normativos que marcaron 2024
Ignorar la normativa no es una opción: el incumplimiento puede acarrear consecuencias legales y sanciones económicas relevantes, cuya cuantía depende de cada norma y de la gravedad de la infracción. Para anticiparse, ayuda conocer los principales estándares de medición de la huella de carbono.
Plataformas como Manglai, basadas en el GHG Protocol y la ISO 14064, son aliadas estratégicas para cumplir con las normativas ambientales.
La CSRD y su evolución posterior
La Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva (UE) 2022/2464, fue el gran cambio de fondo: ampliaba el reporte de sostenibilidad y reforzaba la transparencia.
En 2024 el relato era de ampliación progresiva: la directiva iba incorporando por olas a grandes empresas y, a futuro, a determinadas pymes cotizadas. Ese calendario por olas ya no existe. La Directiva (UE) 2026/470 lo sustituye por un único umbral: más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de cifra de negocios neta, los dos criterios a la vez, y traslada el primer reporte a los ejercicios que empiezan a partir del 1 de enero de 2027 (informes en 2028). Con ello, la práctica totalidad de las pymes queda fuera del reporte obligatorio. Lo desarrollamos en la guía de diferencias entre CSRD y ESRS y en el artículo sobre las pymes en la cadena de suministro.
Los ESRS y la reducción de datapoints
Los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS) son el conjunto de normas que concretan qué y cómo se reporta bajo la CSRD, cubriendo aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, e interoperando con los estándares GRI.
El primer conjunto de ESRS (Set 1) incluía del orden de un millar de puntos de dato (datapoints), no las cifras infladas que a veces circulaban. Y aquí también hay novedad relevante: a partir del mandato de simplificación del Ómnibus, la Comisión adoptó el 3 de julio de 2026 el acto delegado con los ESRS revisados, que recorta más del 60% de los datapoints obligatorios y más del 70% del total, elimina las divulgaciones voluntarias y simplifica la evaluación de materialidad. Se aplica a los ejercicios que empiezan a partir del 1 de enero de 2027, con adopción anticipada posible para 2026. El principio de doble materialidad se mantiene como eje del reporte.
Green Claims y greenwashing: lo que finalmente ocurrió
En 2024 se esperaba la aprobación de la Directiva de Green Claims para regular las etiquetas y afirmaciones ambientales y frenar el greenwashing. Conviene matizar el relato de la época: la Green Claims era una propuesta, no una norma en vigor desde febrero de 2024.
De hecho, la propuesta de Directiva de Green Claims fue retirada en junio de 2025: no es derecho vigente ni sigue en tramitación, así que ninguna empresa tiene que prepararse para cumplirla. Lo que sí llega es la Directiva (UE) 2024/825 de empoderamiento de los consumidores para la transición verde (EmpCo), que se aplicará a partir del 27 de septiembre de 2026 y prohíbe las alegaciones ambientales genéricas sin acreditación, los sellos de sostenibilidad sin certificación reconocida y las afirmaciones de neutralidad climática basadas en compensación. Lo explicamos en el artículo sobre la directiva antigreenwashing de septiembre de 2026.
La CSDDD y la diligencia debida
La Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD) obliga a las grandes empresas a identificar, prevenir y mitigar su impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de su cadena de actividades, incluidas filiales y proveedores.
También aquí el Ómnibus ha movido el terreno, y bastante:
- Umbrales muy al alza: ahora alcanza a las empresas de la UE con 1.500 millones de euros de cifra de negocios y 5.000 o más empleados (antes eran 450 millones y 1.000 empleados).
- Calendario aplazado: la transposición se traslada al 26 de julio de 2028 y la aplicación uniforme al 26 de julio de 2029.
- Se elimina la obligación de adoptar e implementar un plan de transición climática.
La gestión de residuos y la optimización de la cadena de valor siguen siendo palancas clave para reducir la huella de carbono.
CBAM: del periodo transitorio al régimen definitivo
Otro frente que en 2024 estaba en su fase transitoria es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). El periodo transitorio terminó el 31 de diciembre de 2025 y, desde el 1 de enero de 2026, el CBAM está en su régimen definitivo. Incorpora un umbral de mínimos de 50 toneladas anuales de masa neta por entidad legal, agregadas entre todas las mercancías del anexo I, que deja fuera a la mayoría de pequeños importadores. Ese umbral cubre hierro y acero, cemento, aluminio y fertilizantes: la electricidad y el hidrógeno obligan siempre. Lo detallamos en CBAM 2026.
Adaptarse para prosperar
Las normativas ambientales representan un desafío, pero también una oportunidad. Las empresas que adoptan una actitud proactiva, miden bien sus datos y siguen de cerca los cambios regulatorios están mejor posicionadas en un entorno marcado por la sostenibilidad.
Para ayudarte a saber qué te aplica hoy, en Manglai hemos creado el diagnóstico de obligaciones ambientales, una herramienta gratuita que identifica tus obligaciones según el tamaño, sector y ubicación de tu empresa.
