Gestión de residuos
15 SEPTIEMBRE, 2025
•
5 MIN
Carolina Skarupa
Product Carbon Footprint Analyst

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular es la norma que regula hoy la gestión de residuos en España. Sustituye a la antigua Ley 22/2011, traspone las directivas europeas de economía circular y de plásticos de un solo uso, y crea dos nuevos impuestos ambientales. Para las empresas implica obligaciones reforzadas de prevención, separación, trazabilidad y reporte, con un régimen sancionador que llega hasta 3,5 millones de euros en los casos más graves.
En vigor desde el 10 de abril de 2022, esta guía resume qué introduce la ley, a quién obliga y cómo reducir el riesgo de sanción, citando los rangos reales que fija la norma.
El propósito principal es reducir la generación de residuos y mejorar su gestión, priorizando la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado frente al vertido, en línea con la jerarquía de residuos. La ley fija como meta que, en 2035, el depósito en vertedero no supere el 10 % de los residuos municipales generados.
Para las empresas, esto supone repensar sus procesos para integrarse en un modelo de economía circular, donde el residuo deja de ser un coste de eliminación para convertirse, siempre que es posible, en un recurso valorizable. La norma desarrolla principios europeos como el de quien contamina paga.
La ley crea, en su Título VII, dos figuras fiscales:
Puedes profundizar en la fiscalidad asociada en nuestro artículo sobre el impuesto a los residuos plásticos.
Desde 2023 se restringe la comercialización de determinados productos de plástico de un solo uso (pajitas, cubiertos, platos, bastoncillos de algodón o recipientes de poliestireno expandido para alimentos), en transposición de la Directiva (UE) 2019/904. Hostelería y retail deben migrar a alternativas reutilizables o a materiales admitidos.
Se refuerza la responsabilidad ampliada del productor (RAP): quien pone productos en el mercado asume obligaciones financieras y organizativas sobre los residuos que generan. El productor del residuo es además responsable de su correcta identificación mediante el código LER, especialmente en sectores como construcción, sanidad e industria química.
La ley consolida la recogida separada de papel-cartón, metales, plásticos, vidrio y biorresiduos, e introduce nuevas obligaciones de recogida separada de fracciones como textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, con un calendario que las administraciones han ido desplegando.
El régimen sancionador (Título VI, capítulo II) clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Los rangos que fija la propia ley son:
| Categoría | Cuantía de la multa |
|---|---|
| Leve | Hasta 2.000 € |
| Grave | De 2.001 € a 100.000 € |
| Muy grave | De 100.001 € a 3.500.000 € (de 600.001 € a 3.500.000 € cuando afecta a residuos peligrosos o suelos contaminados) |
Además de la multa, las infracciones graves y muy graves pueden conllevar medidas accesorias como la clausura de instalaciones o la inhabilitación para ejercer la actividad.
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados no es solo un ajuste normativo: cambia cómo las empresas gestionan sus procesos productivos y administrativos. Su impacto se concentra en tres ejes.
El impuesto al plástico no reutilizable y el impuesto al vertido y la incineración encarecen directamente la gestión de residuos para las organizaciones que no han adaptado sus procesos. Una empresa que siga usando envases con alto contenido de plástico no reciclado soporta 0,45 € por cada kilogramo de ese plástico, lo que en volúmenes elevados es relevante. Sustituir esos materiales por envases reutilizables, reciclables o con mayor contenido reciclado reduce o neutraliza ese coste.
La ley refuerza las obligaciones de trazabilidad, documentación y reporte. Las empresas deben registrar sus flujos de residuos y tramitar los traslados a través de la plataforma e-SIR para los residuos peligrosos y para determinados no peligrosos sujetos a notificación previa. La trazabilidad debe quedar documentada en cada etapa, lo que aumenta la carga administrativa pero, una vez digitalizada, reduce errores y agiliza auditorías.
Más allá de la obligación, la ley actúa como palanca de innovación. Las empresas que implantan estrategias zero waste o que valorizan sus residuos cumplen la norma y, además, mejoran su desempeño en criterios ESG, lo que facilita el acceso a financiación verde y mejora su posición en licitaciones públicas y ante clientes sensibilizados con la sostenibilidad.
Cumplir la Ley 7/2022 exige un enfoque proactivo que combine prevención, control y formación. Estas son las medidas clave:
Una auditoría permite conocer qué residuos genera la empresa, en qué puntos de la cadena de valor y con qué frecuencia. Este diagnóstico facilita detectar ineficiencias, dimensionar los costes reales de gestión y definir planes de reducción. Es la base de un plan de minimización de residuos industriales.
La identificación de cada residuo con su código LER es un requisito legal y determina el tratamiento aplicable. Un error de codificación, como tratar madera barnizada (potencialmente peligrosa) como madera limpia (no peligrosa), puede suponer tanto una sanción como un riesgo ambiental y un sobrecoste de gestión.
El cumplimiento no depende solo del departamento ambiental. Operarios, personal de almacén y responsables de logística deben estar formados en separación de residuos y en el uso de las herramientas de trazabilidad, ya que el error humano es una causa frecuente de incumplimientos.
Replantear la política de packaging hacia envases reutilizables, reciclables o con mayor contenido reciclado reduce la factura del impuesto al plástico y mejora la percepción de la marca frente a clientes e inversores.
La ley exige que el transporte y el tratamiento los realicen gestores autorizados. Operar con gestores homologados asegura la trazabilidad documental completa hasta la valorización o eliminación final, y muchos ofrecen servicios de valorización que convierten un coste en ingreso.
La plataforma e-SIR centraliza la información sobre producción, traslado y tratamiento de residuos, reduce el papeleo y mejora la transparencia ante inspecciones. Integrar estos datos con el sistema de gestión ambiental simplifica las auditorías.
La Ley 7/2022 no debe leerse solo como una exigencia regulatoria, sino como una palanca para modernizar procesos y reducir costes a medio plazo. Las organizaciones que adapten su modelo de negocio no solo evitarán sanciones: ganarán competitividad en un mercado que premia la sostenibilidad.
Sí. Cualquier actividad económica que genere residuos está sujeta a la normativa, con obligaciones proporcionales a la actividad.
Se intensifica la obligación de trazabilidad: sus traslados deben tramitarse en e-SIR y su régimen sancionador es más severo (las muy graves parten de 600.001 €).
Las empresas deben prevenir y gestionar adecuadamente sus residuos y documentarlo. Determinados productores tienen obligaciones específicas de planificación y de presentación de información a las autoridades.
Para gestionar la trazabilidad y el reporte de residuos de forma centralizada y conectada con tu información ESG, puedes apoyarte en una herramienta de gestión de residuos.
Carolina Skarupa
Product Carbon Footprint Analyst
Sobre el autor
Licenciada en Ingeniería y Gestión Industrial en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe con máster en Gestión y Conservación del Medio Natural de la Universidad de Cádiz. Soy analista de producto en Manglai y asesoro a clientes en la medición de la huella de carbono. Me especializo en desarrollar programas orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para empresas. Mi vocación por la preservación del entorno es clave para la implementación de planes de acción en el ámbito empresarial.
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