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Carolina Skarupa
Product Carbon Footprint Analyst
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular supone un antes y un después en la gestión ambiental en España.
Esta normativa, en vigor desde abril de 2022, alinea al país con las directivas europeas más recientes en materia de economía circular, reciclaje y reducción de plásticos de un solo uso. Para las empresas, no se trata solo de un cambio legal, sino de una transformación estructural que impacta en costes, procesos y reputación.
En esta guía encontrarás un análisis detallado de lo que introduce la nueva ley, qué obligaciones trae para las organizaciones y cómo evitar sanciones que, en los casos más graves, pueden superar los 3,5 millones de euros.
El propósito principal es reducir la generación de residuos y mejorar su gestión, fomentando la prevención, la reutilización y el reciclaje frente al vertido. El objetivo es alcanzar en 2035 una tasa máxima de depósito en vertedero del 10 % de los residuos municipales.
Esto significa que las empresas deben repensar sus modelos de producción y consumo para integrarse en un esquema de economía circular, en el que los residuos se convierten en recursos.
La ley establece un impuesto al depósito en vertedero, la incineración y la coincineración de residuos, que se aplica tanto a residuos peligrosos como no peligrosos. Además, incorpora un impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, que grava con 0,45 € por kilo de plástico virgen utilizado.
Desde 2023 queda prohibida la venta de productos como pajitas, cubiertos, platos, bastoncillos de algodón y recipientes de poliestireno expandido. Las empresas del sector hostelero y retail deben adaptar su modelo de packaging a envases reutilizables o compostables.
El productor del residuo pasa a tener mayor responsabilidad en la trazabilidad y clasificación, especialmente en sectores como construcción, sanidad e industria química. El incumplimiento en la asignación del código LER puede derivar en sanciones directas.
La ley obliga a la recogida separada de cinco fracciones: papel-cartón, metales, plásticos, vidrio y biorresiduos. Además, se establece que antes de 2025 debe implantarse la recogida diferenciada de textiles, aceites de cocina usados y residuos peligrosos de origen doméstico.
Las multas se clasifican en leves, graves y muy graves. Las leves alcanzan hasta los 2.000 €, las graves entre 2.001 € y 100.000 €, y las muy graves entre 100.001 € y 3.5 millones de €.
La entrada en vigor de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados no solo implica un ajuste normativo, sino una transformación profunda en la manera en que las empresas españolas gestionan sus procesos productivos y administrativos.
Su impacto puede analizarse en tres ejes principales que, aunque inicialmente se perciben como retos, también abren la puerta a oportunidades de mejora.
Uno de los cambios más inmediatos para las empresas es el aumento de los costes asociados a la gestión de residuos.
El nuevo impuesto al depósito en vertedero, incineración y coincineración, junto con el gravamen sobre plásticos no reutilizables, genera un incremento directo de gastos en aquellas organizaciones que no han adaptado sus procesos. Por ejemplo, una empresa de distribución que mantenga embalajes de plástico virgen verá cómo su coste por kilo aumenta en 0,45 €, lo que en volúmenes altos representa un gasto significativo.
Sin embargo, las compañías que sustituyen estos materiales por envases reciclables o reutilizables consiguen neutralizar este impacto y, en muchos casos, logran incluso ahorros a medio plazo.
La nueva ley refuerza las obligaciones de reporting, trazabilidad y documentación de residuos.
Ahora, las empresas deben registrar de manera más exhaustiva sus flujos de residuos y utilizar plataformas digitales como e-SIR para los traslados de residuos peligrosos y determinados no peligrosos. Esto incrementa la carga administrativa, ya que no basta con cumplir de forma parcial: la trazabilidad debe estar documentada en cada etapa.
Aunque al principio puede percibirse como una burocracia añadida, a medio plazo la digitalización reduce errores y agiliza auditorías. De hecho, las compañías que adoptan sistemas de gestión digitalizados disminuyen hasta en un 35 % el tiempo invertido en procesos administrativos relacionados con residuos.
Lejos de ser únicamente un marco restrictivo, la Ley 7/2022 también actúa como motor de innovación.
Las empresas que adoptan medidas proactivas, como la implementación de estrategias zero waste o la valorización energética de residuos, no solo cumplen con la normativa, sino que refuerzan su posición en el mercado. Una empresa que demuestra compromiso real con la economía circular mejora sus puntuaciones en criterios ESG, lo que se traduce en acceso a financiación verde y preferencia en licitaciones públicas.
Además, en sectores altamente competitivos como el retail o la construcción, el cumplimiento estricto de la normativa se convierte en un argumento de venta frente a clientes cada vez más sensibilizados con la sostenibilidad.
Cumplir con la Ley 7/2022 no basta con aplicar cambios superficiales: exige un enfoque proactivo y constante que combine prevención, control y cultura organizacional. Las sanciones pueden ser cuantiosas, pero lo más grave es el impacto en la reputación y la pérdida de oportunidades de financiación sostenible.
Estas son las medidas clave que toda empresa debería adoptar:
Las auditorías permiten conocer en detalle qué residuos genera la empresa, en qué puntos de la cadena de valor y con qué frecuencia.
Este diagnóstico inicial facilita detectar ineficiencias, calcular costes reales de gestión y establecer planes de reducción. Por ejemplo, una pyme industrial que realiza auditorías trimestrales suele ahorrar entre un 10 y un 15 % en transporte y almacenamiento gracias a la mejor clasificación de materiales.
La correcta identificación de residuos con el código LER es un requisito legal y la base para definir el tratamiento que se debe aplicar. Un error en la codificación no solo conlleva sanciones, sino también riesgos ambientales.
Un caso frecuente es confundir residuos de madera tratados con barnices (que son peligrosos) con madera limpia (no peligrosa). La diferencia en la gestión y el coste puede ser de hasta un 40 %.
El cumplimiento normativo no depende únicamente del departamento ambiental. Operarios, personal de almacén y responsables de logística deben estar formados en separación de residuos y en el uso de herramientas de trazabilidad.
Las sesiones de capacitación reducen los errores humanos, que son la principal causa de sanciones leves según el Ministerio para la Transición ecológica.
El nuevo impuesto sobre plásticos no reutilizables obliga a las empresas a replantear su política de packaging. Adoptar envases compostables o reutilizables no solo evita el pago de 0,45 € por kilo de plástico virgen, sino que también mejora la imagen corporativa frente a clientes e inversores.
En el sector retail, compañías que han eliminado bolsas de un solo uso reportan incrementos del 12 % en la fidelización de clientes.
La ley exige que los traslados y tratamientos sean realizados únicamente por gestores autorizados. Trabajar con operadores homologados asegura el cumplimiento documental y la trazabilidad completa hasta la fase final de valorización o eliminación.
Además, muchos gestores ofrecen servicios de valorización que convierten un coste en ingresos, como la venta de chatarra o cartón reciclado.
La digitalización es la clave para cumplir de manera eficiente. La plataforma e-SIR centraliza la información sobre producción, traslado y tratamiento de residuos, evitando errores de papeleo y mejorando la transparencia ante auditores e inspecciones.
La Ley 7/2022 no debe entenderse solo como una imposición regulatoria, sino como una palanca para modernizar procesos y reducir costes a medio plazo.
Aquellas organizaciones que adapten sus modelos de negocio no solo evitarán sanciones, sino que ganarán competitividad en un mercado que premia la sostenibilidad.
Sí, ya que cualquier actividad económica que genere residuos está sujeta a esta normativa.
Se intensifica la obligación de trazabilidad y se deben registrar en la plataforma e-SIR.
Sí, las empresas deben contar con un plan de prevención y gestión documentado.
Carolina Skarupa
Product Carbon Footprint Analyst
Sobre el autor
Licenciada en Ingeniería y Gestión Industrial en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe con máster en Gestión y Conservación del Medio Natural de la Universidad de Cádiz. Soy analista de producto en Manglai y asesoro a clientes en la medición de la huella de carbono. Me especializo en desarrollar programas orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para empresas. Mi vocación por la preservación del entorno es clave para la implementación de planes de acción en el ámbito empresarial.
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