Normativa ambiental y de sostenibilidad en Colombia: guía para empresas

La normativa ambiental y de sostenibilidad que afecta hoy a una empresa en Colombia se reparte en cinco bloques: el permiso ambiental de la operación, el reporte anual al Registro Único Ambiental, el impuesto nacional al carbono, las obligaciones de residuos y economía circular, y la divulgación financiera de sostenibilidad para emisores y entidades vigiladas. A eso se suman dos cosas que llegan de fuera y que ya marcan calendario: la deforestación importada en la Unión Europea y las exigencias de datos que trasladan los clientes europeos.

No hay una única ley que lo agrupe todo. Esta guía ordena las piezas por bloque, dice quién obliga a qué y en qué fechas, y enlaza a la explicación detallada de cada norma.

Quién regula qué

Antes de las normas conviene tener claro el mapa de autoridades, porque en Colombia la competencia ambiental está muy repartida y saber a quién le respondes ahorra tiempo.

1. El marco general: licencias, permisos y autorizaciones

La base institucional es la Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y repartió competencias entre el ministerio, las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales urbanas. El desarrollo reglamentario está compilado en el Decreto 1076 de 2015, el decreto único reglamentario del sector ambiente, donde viven las reglas de licenciamiento ambiental, concesiones de agua, permisos de vertimiento, permisos de emisiones atmosféricas y gestión de residuos peligrosos.

Para una planta o un proyecto, esto se traduce en un expediente: qué autorizaciones tienes, qué límites te fijan y qué tienes que demostrar periódicamente. Todo lo demás cuelga de ahí, porque el resto de obligaciones de reporte se activan precisamente por tener esas autorizaciones.

2. Clima: metas nacionales y reporte de emisiones

Dos leyes sostienen la política climática colombiana. La Ley 1931 de 2018 estableció las directrices para la gestión del cambio climático y creó los planes integrales de cambio climático sectoriales y territoriales, además del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI. La Ley 2169 de 2021 puso números y fechas a las metas.

Las metas que fija la ley

• Reducir un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al escenario de referencia a 2030 de la contribución nacional, con un tope de 169,44 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2030.
• Alcanzar la carbono neutralidad en 2050.
• Reducir un 40% las emisiones de carbono negro frente a 2014.
• Llevar la deforestación neta de bosque natural a cero en 2030.

Lo que viene para las empresas: el ROE

El artículo 16 de la Ley 2169 creó el Reporte Obligatorio de Emisiones de GEI (ROE), que obligará a personas jurídicas públicas, privadas y mixtas a reportar sus emisiones directas e indirectas según criterios de nivel de emisiones y tamaño que fijará el Ministerio de Ambiente. La información será pública.

A agosto de 2026 el ROE todavía no es exigible porque falta la resolución que lo reglamenta. Hubo un piloto de la plataforma entre noviembre y diciembre de 2025 y un proyecto de resolución sometido a comentarios en julio de 2026. La lectura práctica es sencilla: el reporte va a llegar, y las empresas que ya tienen su inventario de emisiones hecho con un estándar reconocido lo van a resolver con un volcado de datos en lugar de con un proyecto de seis meses.

Otro punto que suele pasarse por alto: el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión está creado por la Ley 1931 de 2018, pero su diseño sigue en desarrollo y aún no está en operación. Colombia no tiene hoy un mercado regulado de emisiones funcionando.

3. Fiscalidad: el impuesto nacional al carbono

El impuesto nacional al carbono grava el contenido de carbono equivalente de los combustibles fósiles usados para combustión. Lo crearon los artículos 221 a 223 de la Ley 1819 de 2016 y lo reformó la Ley 2277 de 2022.

• Tarifa 2026: 29.070,49 pesos por tonelada de CO2 equivalente, fijada por la Resolución 000003 de 2026 de la DIAN con vigencia desde el 1 de febrero de 2026. Se actualiza cada 1 de febrero con el IPC del año anterior más un punto porcentual.
• Carbón: entra con gradualidad, 50% de la tarifa plena en 2026, 75% en 2027 y tarifa plena desde 2028.
• Declaración: bimestral, y el impuesto es deducible del impuesto sobre la renta.
• No causación por carbono neutralidad: quien certifique ser carbono neutro puede dejar de causar hasta el 50% del impuesto causado, con certificación no reutilizable para otro beneficio tributario.

Ese último punto es el que convierte la huella de carbono en una decisión financiera y no solo reputacional. Y es también donde más expedientes se caían: no por falta de créditos, sino por no poder demostrar que las toneladas neutralizadas se corresponden exactamente con el combustible facturado en el periodo.

4. Reporte ambiental operativo: RUA y RETC

El Registro Único Ambiental es hoy la obligación de reporte más transversal y la que más empresas subestiman. La Resolución 0839 del 28 de agosto de 2023 sustituyó el esquema anterior, unificó el reporte en un solo aplicativo administrado por el IDEAM y adoptó el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que se genera a partir de la misma información.

Están obligados quienes requieren licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones u otras autorizaciones ambientales, y los generadores obligados a reportar residuos peligrosos. El reporte es anual, por establecimiento y ante la autoridad ambiental de la jurisdicción.

La consecuencia es que 2026 fue el primer año de reporte para todos los sectores que no son manufactura. Muchas compañías de servicios, logística, comercio o agroindustria descubrieron la obligación con el año ya cerrado y sin los datos de agua, energía y residuos organizados por establecimiento.

5. Residuos y economía circular

Tres frentes concentran el trabajo.

Plásticos de un solo uso

La Ley 2232 del 7 de julio de 2022 prohíbe la introducción en el mercado, comercialización y distribución de determinados productos plásticos de un solo uso, con dos plazos. El primer grupo (bolsas de punto de pago, bolsas para embalar publicación y publicidad, rollos de bolsas en superficies comerciales, mezcladores y pitillos, soportes de bombas de inflar y soportes de hisopos) quedó prohibido a los dos años de la entrada en vigencia de la ley, es decir desde julio de 2024. El segundo grupo, que incluye vajilla desechable, envases para comida no preenvasada y empaques de frutas y verduras frescas, se prohíbe a los ocho años, en 2030. Hay excepciones tasadas, entre ellas los usos médicos y de asepsia, y la producción destinada a exportación.

Envases y empaques

La Resolución 1407 de 2018, modificada posteriormente, implanta la responsabilidad extendida del productor: todos los productores deben formular, presentar ante la ANLA, implementar y mantener actualizado un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques, individual o colectivo, con metas cuantitativas de aprovechamiento sobre el peso puesto en el mercado en el año base y con informes de avance anuales.

Residuos peligrosos

La gestión de residuos peligrosos y el registro de generadores forman parte del cuerpo reglamentario del Decreto 1076 de 2015 y, con la Resolución 0839 de 2023, el reporte se integra en el aplicativo del RUA.

6. Finanzas sostenibles y divulgación

La Taxonomía Verde de Colombia, publicada en abril de 2022, es el sistema oficial para clasificar qué actividades y activos cuentan como verdes. La Superintendencia Financiera impartió instrucciones sobre su adopción mediante la Circular Externa 005 de 2022.

En divulgación de sostenibilidad hay dos normas clave. La Circular Externa 031 de 2021 obliga a los emisores de valores a revelar información sobre asuntos sociales, ambientales y climáticos con criterio de materialidad financiera, tomando como referencia el TCFD y los estándares SASB. La Circular Externa 015 del 3 de octubre de 2025 exige a las entidades vigiladas un sistema de gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos, con plan de implementación presentado a la SFC a más tardar el 3 de abril de 2026 y hasta 18 meses para completar la implementación.

Sobre las NIIF S1 y la NIIF S2 conviene ser exacto porque circula mucha información equivocada: no son obligatorias en Colombia. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública publicó en febrero de 2026 su direccionamiento estratégico y en julio de 2026 una hoja de ruta de convergencia progresiva, diferenciada e inicialmente voluntaria. No hay decreto que las incorpore. La situación es distinta de la mexicana, donde sí son exigibles a las emisoras.

7. Lo que llega desde la Unión Europea

Si exportas o vendes a compañías europeas, tres normas europeas te afectan sin ser colombianas.

• Reglamento de deforestación (EUDR): su aplicación se pospuso al 30 de diciembre de 2026 mediante el Reglamento (UE) 2025/2650. Alcanza a café, cacao, aceite de palma, ganado, caucho, soja y madera, que es buena parte de la agroexportación colombiana, y exige geolocalización de las parcelas de origen y diligencia debida documentada.
• CBAM: el régimen definitivo está en marcha desde el 1 de enero de 2026, con un umbral de minimis de 50 toneladas anuales de masa neta agregadas por importador. Afecta a quien exporte a la UE hierro y acero, cemento, aluminio y fertilizantes; la electricidad y el hidrógeno obligan siempre.
• CSRD: tras la Directiva (UE) 2026/470 solo alcanza a empresas de la UE con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de cifra de negocios, con primeros informes para ejercicios que empiezan a partir del 1 de enero de 2027. No te obliga directamente, pero sí te llega como proveedor: esas empresas necesitan datos de su cadena de valor, con el límite que marca el estándar voluntario adoptado en julio de 2026.

Calendario de lo que ya está en firme

Por dónde empezar si partes de cero

1. Inventaria tus autorizaciones ambientales por establecimiento. Eso define casi todas tus obligaciones de reporte.
2. Comprueba si ya estabas obligado al RUA y en qué ventana caes según tu NIT.
3. Calcula tu huella de carbono de alcances 1 y 2 como mínimo, con GHG Protocol o ISO 14064. Sirve para el ROE, para el impuesto al carbono y para lo que te pidan clientes y bancos.
4. Revisa tu exposición al impuesto al carbono y si el mecanismo de no causación te compensa.
5. Mira tu cadena de exportación: si vendes a la UE, EUDR y CBAM tienen fecha y la trazabilidad no se improvisa.

Preguntas frecuentes

¿Existe en Colombia una ley que obligue a publicar un informe de sostenibilidad?

No con carácter general. La obligación de revelar información ambiental, social y climática recae hoy sobre los emisores de valores por la Circular Externa 031 de 2021 de la Superintendencia Financiera.

¿Es obligatorio el reporte de emisiones de GEI en Colombia?

Está creado por el artículo 16 de la Ley 2169 de 2021, pero a agosto de 2026 no es exigible porque falta la resolución que lo reglamenta.

¿Qué empresas deben reportar el RUA?

Las que requieren licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones u otras autorizaciones ambientales, y los generadores obligados a reportar residuos peligrosos. Desde 2026 la obligación alcanza también a los sectores no manufactureros.

¿Colombia tiene mercado de carbono?

Tiene un programa de cupos transables creado por la Ley 1931 de 2018, pero su diseño sigue en desarrollo y no está en operación. Lo que sí funciona es el mercado voluntario asociado al mecanismo de no causación del impuesto al carbono.

El denominador común de todo lo anterior es el mismo dato: consumo de energía y combustibles, agua, residuos y emisiones, por establecimiento y trazables hasta la factura. Manglai lo reúne una vez y lo sirve a cada marco. Empieza por la solución de huella de carbono.