El Paquete Ómnibus de Sostenibilidad es el conjunto de medidas con las que la Unión Europea ha simplificado sus normas de sostenibilidad corporativa. Su objetivo declarado es reducir la carga administrativa y de reporte de las empresas y reforzar la competitividad, sin renunciar a los objetivos del Pacto Verde Europeo.
La pieza central es la llamada Ómnibus I, adoptada formalmente por el Consejo el 24 de febrero de 2026. La directiva modificadora (UE) 2026/470 se publicó en el Diario Oficial el 26 de febrero de 2026 y entró en vigor el 18 de marzo de 2026. Modifica dos normas clave: la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa (CSDDD).
Tras la entrada en vigor de la CSRD, muchas empresas y Estados miembros señalaron que las obligaciones de divulgación resultaban demasiado complejas y costosas, sobre todo para las compañías más pequeñas dentro del ámbito. La Comisión respondió con una estrategia de simplificación que combina varias normas en un mismo paquete, de ahí el término ómnibus.
Como paso previo, una directiva conocida como stop the clock, aprobada en 2025, ya había aplazado dos años la entrada de las olas 2 y 3 de la CSRD, dando tiempo a renegociar el contenido de fondo.
El cambio más visible es la reducción drástica del número de empresas obligadas. Tras la Ómnibus, la CSRD se aplica a las compañías con más de 1.000 empleados de media y más de 450 millones de euros de cifra de negocio neta. Las pymes cotizadas, que la versión original iba a incluir, quedan exentas de la obligación.
Además, la Comisión debe adoptar un acto delegado con unos ESRS simplificados en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor. El plazo de transposición de la parte de contabilidad y CSRD se fija para el 19 de marzo de 2027. El principio de doble materialidad se mantiene como base del reporte.
En materia de diligencia debida, el alcance también se estrecha. La CSDDD pasa a aplicarse a las empresas con más de 5.000 empleados y más de 1.500 millones de euros de cifra de negocio neta. El primer cumplimiento para las compañías dentro del ámbito se sitúa en julio de 2029, y el plazo de transposición de la directiva se fija para el 26 de julio de 2028.
Para las compañías que dejan de estar obligadas, la Comisión ha impulsado un estándar voluntario para pymes, conocido como VSME, cuyo acto delegado se esperaba hacia mediados de 2026. Este marco permite a las empresas más pequeñas reportar de forma proporcionada y limita la información que las grandes compañías pueden exigir a su cadena de valor. La simplificación afecta también a aspectos de la Taxonomía de la UE.
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