Directiva antigreenwashing 2024/825: ¿puedes demostrar tus afirmaciones ambientales?

A partir del 27 de septiembre de 2026, comunicar la sostenibilidad de forma vaga o sin pruebas deja de ser una cuestión de imagen para convertirse en un riesgo legal. Ese día empiezan a aplicarse en toda la UE las normas de la Directiva (UE) 2024/825, conocida como Directiva de empoderamiento del consumidor para la transición ecológica (en inglés, Empowering Consumers). Su efecto práctico: cualquier afirmación ambiental que una empresa ponga en una etiqueta, una web o un anuncio tendrá que poder demostrarse con datos.

Términos como "sostenible", "eco-friendly", "neutro en carbono", "respetuoso con el planeta" o "verde" quedan directamente en el punto de mira si no van acompañados de evidencias objetivas, verificables y accesibles. Es el golpe normativo más serio hasta la fecha contra el greenwashing.

Aclaración importante: no la confundas con la Green Claims Directive

Conviene despejar una confusión muy extendida. Circulan dos normas distintas y es fácil mezclarlas:

• Directiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers): aprobada, en vigor y de aplicación obligatoria desde el 27 de septiembre de 2026. Es la que aquí analizamos.
• Propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas (Green Claims Directive): era una norma complementaria que iba a fijar el procedimiento de verificación previa de las alegaciones. La Comisión Europea anunció su retirada en junio de 2025 tras considerarse demasiado gravosa. No está en vigor.

Que la Green Claims Directive se retirara no relaja la presión: las obligaciones de fondo sobre las afirmaciones ambientales viven en la Directiva 2024/825, que sí se aplica. La idea de que "ya no hay regulación antigreenwashing" es falsa.

Qué prohíbe exactamente la Directiva 2024/825

La directiva modifica la normativa europea de protección del consumidor y prácticas comerciales desleales. Sus prohibiciones más relevantes son:

• Afirmaciones ambientales genéricas sin pruebas: queda prohibido usar términos como "ecológico", "verde" o "respetuoso con el medio ambiente" si no se puede demostrar un comportamiento ambiental excelente y reconocido.
• "Neutro en carbono" basado en compensación: este es el cambio más comentado. Se prohíbe afirmar que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en emisiones cuando esa afirmación se basa en la compensación de emisiones fuera de la cadena de valor del producto. Reclamos como "climáticamente neutro", "CO₂ neutro" o "impacto climático reducido" solo serán admisibles si el impacto real del ciclo de vida del producto lo justifica, no por comprar créditos de carbono externos.
• Sellos de sostenibilidad no certificados: se prohíben las etiquetas ambientales que no se basen en un sistema de certificación reconocido o no estén establecidas por una autoridad pública.
• Alegaciones de durabilidad o reparabilidad engañosas y la obsolescencia programada no informada.

El problema real no es comunicar bien, es poder demostrarlo

Aquí está el matiz que muchas organizaciones están pasando por alto. La directiva no exige dejar de hacer comunicación ambiental, sino que esa comunicación sea verificable. La diferencia parece técnica, pero tiene implicaciones operativas importantes.

Cuando una empresa dice que ha reducido sus emisiones un 30%, necesita poder demostrar de dónde sale ese porcentaje: qué metodología se aplicó, qué datos lo respaldan, cómo se calcularon los alcances 1, 2 y 3, qué factores de emisión se usaron y dónde está la evidencia trazable. Cuando afirma que su producto es "neutro en carbono", necesita un análisis de ciclo de vida documentado que sostenga ese impacto real, no una compensación comprada sin contexto.

La trazabilidad de los datos ambientales deja de ser un argumento diferencial para convertirse en un requisito legal.

Las sanciones: qué hay en juego

La directiva se integra en el régimen sancionador de la normativa de consumo. Para las infracciones transfronterizas generalizadas, las multas pueden alcanzar al menos el 4% del volumen de negocio anual de la empresa en los Estados miembros afectados, además de medidas como la retirada de campañas o la prohibición de la práctica. La cuantía exacta dependerá de la transposición de cada país, que debía completarse antes del 27 de marzo de 2026.

Más allá de la multa, el riesgo reputacional es inmediato: desde septiembre de 2026, cualquier consumidor, organismo regulador o competidor puede impugnar una afirmación ambiental y exigir la evidencia que la sustenta.

¿Cuántas empresas están realmente preparadas?

Pocas, y no por falta de voluntad, sino porque durante años el ecosistema de herramientas no exigía ese nivel de rigor. Los cálculos se hacían en hojas de cálculo, los informes se redactaban a mano y las afirmaciones de marketing se construían sobre datos que nadie había puesto a prueba. Ese modelo no aguanta un proceso de verificación externo.

Los responsables de sostenibilidad se encuentran ante un escenario en el que marketing, operaciones y cumplimiento normativo deben hablar el mismo idioma: el de los datos.

De la presión regulatoria a una ventaja competitiva

Hay empresas que verán esta directiva como una amenaza y empresas que la leerán como una oportunidad. Las que ya trabajan con datos verificables, informes auditables y trazabilidad de cálculo desde la actividad hasta el informe final tendrán una ventaja real: podrán comunicar con credibilidad en un mercado donde la mayoría tendrá que moderar su discurso.

En Manglai ayudamos a los equipos de sostenibilidad a consolidar datos ambientales con trazabilidad completa, calcular la huella de carbono según metodologías reconocidas como el GHG Protocol o la ISO 14064, y generar informes listos para auditoría. No como un lujo operativo, sino como la base que hace defendible cualquier afirmación que una empresa quiera hacer sobre su impacto.

Si todavía no has revisado qué afirmaciones ambientales usa tu empresa y si puedes respaldarlas con datos, empieza por medir bien tu huella de carbono: es lo que sostiene cualquier mensaje creíble a partir de septiembre.